El Estado dejará de recaudar 1.600 millones por el plan contra la crisis

El Gobierno aprobó ayer mediante real decreto ley una batería de medidas fruto del pacto de Zurbano, destinadas principalmente a familias y pymes, con las que pretende impulsar la recuperación económica y dar oxígeno al maltrecho empleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó algunos detalles de un paquete de actuaciones con el que el Ejecutivo aspira a crear al menos 350.000 puestos de trabajo y que tendrá un coste en términos de recaudación de 1.600 millones. Un agujero en los ingresos públicos sin impacto en el esfuerzo por recortar el déficit comunicado a Bruselas.

La aplicación de un IVA reducido a las obras de mejora de las viviendas habituales o la deducción en el impuesto de la renta de parte del coste de algunas actuaciones de rehabilitación son los puntos fuertes en lo que a los particulares se refiere. Este capítulo ligado a la construcción pretende crear una alternativa de negocio al ladrillo. Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen también su hueco en el real decreto gracias, sobre todo, a la habilitación al ICO para que funciones como una suerte de banco público.

Entre las medidas presentadas por el Ejecutivo -algo más de una treintena si se toman en cuenta los recientes planes de infraestructuras y para el desarrollo del coche eléctrico- se incluyen también algunas de carácter fiscal, así como otras centradas en los ámbitos financiero, turístico e industrial. El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que se prevé para este sábado.

Rehabilitación

La parte del león del programa se la lleva el capítulo dedicado a promover la rehabilitación de la vivienda habitual. Los particulares podrán deducirse ( hasta finales de 2012) en el IRPF un 10% del coste de las obras que mejoren la eficiencia energética, el saneamiento, la accesibilidad o que incorporen nuevas tecnologías de la información (el ADSL, por ejemplo) a sus casas. Habrá un límite máximo anual de 4.000 euros por contribuyente para aquellos cuya base imponible de la declaración sea inferior a 33.007 euros anuales. La deducción se reducirá de forma progresiva para quienes se encuentren entre esos 33.007 y 53.007 euros, momento en el que desaparecerá. Las cantidades excedentes de los 4.000 euros se podrán deducir a lo largo de los siguientes cuatro ejercicios con un límite total de 12.000 euros.

El coste recaudatorio para el Estado será de 1.200 millones. Junto a esto, el Gobierno ha aprobado la aplicación del IVA reducido (7%) a todas las obras de mejora siempre que el coste de los materiales no supere el 33% del proyecto. Eso sí, esta ventaja, que busca crear empleo 'limpio' y fuera de la economía sumergida, sólo será factible si el pago se hace a través de un medio que deje huella (tarjeta, cheque, transferencia.), y no en metálico.

El real decreto incorpora un colchón para aquellas personas que pierden su piso por no pagar el crédito hipotecario. En concreto, a las que el valor de la casa no cubre la deuda, para las que se eleva el límite inembargable hasta el 110% (hoy es el 100%) del salario mínimo interprofesional, al que se sumará un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos. El Gobierno ha establecido otra exención en el IRPF, con un límite de 1.500 euros, por las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo. La medida costará 120 millones.

Pymes

Otra de las apuestas fuertes es la habilitación al ICO (durante 2010 y 2011) para que preste dinero a las pymes asumiendo todo el riesgo. Algo que llegará antes del 15 de junio. Para entonces, el ICO habrá elegido por concurso un banco o caja como comercializador, y podrá conceder créditos en condiciones de mercado por un máximo de 200.000 euros por cliente.

Las pymes deberán aportar recursos propios por valor del 40% del proyecto. Salgado afirmó que el brazo financiero del Estado no tendrá límites en la adjudicación de fondos y que el programa servirá para cerrar entre 70.000 y 100.000 contratos. El decreto flexibiliza también los fondos de titulización de créditos a pymes ( FTPYME), que ahora se podrán destinar a financiar circulante. También se modifica el Impuesto de Sociedades para exonerar de la actual obligación de documentación a las operaciones vinculadas inferiores a 100.000 euros a las empresas con facturación inferior a 8 millones, salvo que las se realicen en paraísos fiscales.

El decreto extiende a dos años la libertad de amortización para empresas que mantengan el empleo y reduce de un año a seis meses el plazo que las pymes tienen para recuperar el IVA de las facturas impagadas. También se trata la dependencia, cuyas actividades pasarán a pagar un IVA superreducido del 4% cuando se presten a empresas públicas o en centros concertados. Esto último tendrá un coste recaudatorio de 80 millones de euros, que asumirán al 50% el Estado y las autonomías.