Infraestructuras de futuro

El plan extraordinario de infraestructuras (PEIT) anunciado ayer por el Ministerio de Fomento impulsará la aplicación de un modelo concesional en el que el sector privado adelantará la inversión en un conjunto de obras públicas -17.000 millones de euros- que se licitarán en 2010 y 2011, en tanto el Estado comenzará a sufragar la inversión en forma de cuotas anuales a partir de 2014. La iniciativa constituye una fórmula acertada dentro de las políticas viables dirigidas a afrontar la salida de la recesión económica compaginando el mantenimiento de estímulos fiscales y la ejecución del ajuste de gasto que restablezca los equilibrios macroeconómicos. El Gobierno ha suscrito ya un convenio de cooperación con las grandes constructoras españolas que se instrumentalizará a través del ICO y cuenta con la participación del Banco Europeo de Inversiones y la colaboración de bancos y cajas (AEB y CECA). Sin embargo, el proyecto nace sin el debido consenso político y ha encontrado en su primera formulación la dura crítica del principal partido de la oposición. Y no tiene demasiado sentido acometer grandes planes de infraestructuras a medio y largo plazo sin asegurarse la continuidad de los proyectos por encima de eventuales alternancias en los Gobierno regionales o el central. La necesidad imperiosa de invertir para reactivar tampoco debería atenuar el rigor en la selección de obras que vayan a acometerse, que deben ser lógicamente las que mayor rentabilidad directa e indirecta proporcionen. De momento, el Ejecutivo piensa dedicar el 70% de la inversión (11.900 millones) a mejorar las redes ferroviarias y el resto (5.100 millones) a renovar infraestructuras viarias; ahora deberá acordarse el reparto territorial de este «maná», de forma que el beneficio sea lo más equilibrado posible desde el punto de vista territorial. Nuestro país tiene una alta especialización internacional en construcción de obras públicas y en concesionarios de transporte (siete de las doce primeras empresas mundiales son españolas). Es, pues, plausible que el Estado requiera esta potencialidad para que contribuya a conseguir el difícil objetivo de reanimar la economía y generar empleo sin postergar la consolidación fiscal a la que debemos regresar a partir de 2013.