Los vecinos de las casas del Pinar de Coig y El Barranco defienden que sí son legalizables

La federación de asociaciones de vecinos de casas ilegales, Fevema, acusó a la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, de tratar a los residentes el Pinar de Coig y El Barranco como «chivos expiatorios». Desde Fevema argumentaron que estos dos diseminados sí son legalizables, a diferencia de lo contemplado por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. «Pero nos tememos que somos rehenes de determinados grupos de presión y de sus vendettas».

La junta directiva de Fevema recordó que El Barranco es una aldea rural habitada en un principio sólo por agricultores donde las viviendas datan al menos de 1984. «Esto es mucho antes de que se aprobara la actual Ley de Humedales, hecho que se corrobora por el centro educativo construido por la propia Junta de Andalucía».

Propuestas «viables»

A estos hechos hay que añadir que la totalidad de las casas se encuentran fuera del perímetro de 25 metros de servidumbre de la ley. «Esto es perfectamente demostrable puesto que la zona de la laguna se encuentra vallada». Desde Fevema no entienden que se pretenda mantener «a toda costa» la «ficción» de recuperar unos terrenos parcelados desde hace muchos años, «absolutamente» consolidados, con las calles claramente delimitadas y cuyos habitantes reciben algunos servicios municipales. En el caso de Pinar de Coig, argumentan que hace más de 25 años que se produjo la primera parcelación. «La reserva natural a la que a menudo se alude para justificar su exclusión del PGOU ni siquiera existe como tal». Así las cosas, criticaron la «total falta de respeto y profesionalidad» por excluir de la legalización sin dialogar ni considerar las propuestas «viables» de Fevema.