El Gobierno se apoya en las constructoras para impulsar la inversión en infraestructuras

En pleno ejercicio de obligada austeridad de las cuentas públicas, el Gobierno ha encontrado en las empresas privadas la fórmula mágica para elevar el ritmo de inversión en infraestructuras, mantener y generar empleo, y hasta evitar dañar más el elevado déficit público.

La solución se llama Plan Extraordinario de Colaboración Público Privada, que en los dos próximos años movilizará 17.000 millones de euros adicionales, de los que el 70% irá a parar a proyectos ferroviarios. El resto servirá para crear o arreglar carreteras, en un programa que dedicará el 65% de la inversión a obra nueva y el resto a tareas de mantenimiento. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que presentó ayer el plan rodeado de lo más granado de la construcción y las ingenierías españolas, agradeció a las empresas su colaboración. No es para menos, ya que asumirán todo el riesgo de la financiación de los proyectos. Financiación que llegará del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con algo más del 50%, del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con cerca del 20%, de la banca española (10%) y de las propias compañías, que deberán afrontar con recursos propios al menos un 20% de la inversión inicial.

Todas las obras se licitarán bajo régimen concesional de largo plazo, mediante un modelo en el que las privadas cobrarán en función no del tráfico que recorra las vías o las carreteras sino de la disponibilidad de las obras. Esto es, de lo bien que lo hagan, tanto al construir como al gestionar o mantener las infraestructuras. El canon anual que reciban las empresas no se pagará hasta que los proyectos estén terminados, lo que se prevé que sea a partir de 2014.

Será desde entonces cuando ese canon comience a arañar recursos estatales. Para entonces, en teoría, España habrá cumplido con Bruselas y habrá reducido su déficit por debajo del 3% del PIB. El Ministerio de Fomento calcula que deberá reservar anualmente y hasta el fin de las concesiones (25 en ferrocarril y 30 en carreteras) un 8% de su presupuesto corriente de inversión para pagar su retribución a las concesionarias.

En el caso de Adif, que no sufre el problema del cómputo del déficit puesto que se autofinancia y tiene capacidad para endeudarse, el esquema financiero será distinto. La empresa pública pagará el 50% de la inversión inicial durante el periodo de ejecución de la obra y el 50% restante a lo largo de la concesión a través del consabido canon.

Un canon que deberá resarcir de la inversión, la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras, así como compensar por la retribución de los recursos propios y ajenos invertidos por los concesionarios. La filosofía de Fomento es que el coste del plan «lo asumirán solidariamente todas las generaciones que disfruten» de las obras. El ministerio aclara que se ha elegido la concesión por ser «el sistema más sencillo y que permite adelantar el mayor número de proyectos». El objetivo no es abrir nuevos itinerarios, sino cerrar los que estén más avanzados.

Hito histórico

En la presentación del plan, Rodríguez Zapatero subrayó que se trata del «mayor programa de colaboración público-privada de la historia de España». El presidente, que no escatimó elogios a José Blanco -quien, 'casualmente', cumplía un año al frente de Fomento-, recordó la «fortaleza y experiencia» de constructoras, concesionarias, ingenierías y entidades financieras nacionales, a las que animó a participar en un proyecto que «supondrá un beneficio para toda la economía».

El jefe del Ejecutivo, que como Blanco evitó poner cifra al empleo que el plan pueda crear o mantener, a pesar de que hasta ahora se había hablado de cerca de 400.000 puestos de trabajo, explicó que de los 17.000 millones, el 65% (11.000) serán para obra nueva y el 35% restante (6.000) para labores de rehabilitación o mantenimiento.