Denuncian el vertido de aguas fecales al río Guadalete

«Sentimos un olor insoportable y veíamos que el agua no llegaba limpia». De este modo definía un vecino de la zona cercana al desagüe de la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arcos al río Guadalete, un problema de depuración que se produjo la semana pasada. Estos hechos han propiciado que Ecologistas solicite a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que investigue los vertidos fecales que se produjeron.

El portavoz del colectivo proteccionista en Arcos, Luciano Lozano, reconoció que este vertido se podría haber debido a «un fallo puntual» pero consideró que la Agencia debe investigarlo. Además, destacó que esta depuradora «no es de las que peor funciona en la provincia, aunque eso no quita que tengamos que defender que se extremen las medidas para cuidar el medio ambiente».

Lozano considera que esta situación también pone de manifiesto que EDAR arcense se ha quedado pequeña por lo que «sería necesario ampliarla o crear una nueva instalación de este tipo». Además, el colectivo proteccionista entiende que se deberían solucionar la falta de depuración que tienen localidades como Bornos, San José del Valle, Benaocaz o Jédula, entre otras.

Ecologistas en Acción recuerda que a la Junta de Andalucía le corresponde el control y la vigilancia de la calidad de los ríos y debe sancionar a los infractores, siendo un hecho «muy grave» los vertidos fecales que aseguran que se han producido en el Guadalete, esperando que «la avería que aducen los infractores sólo sea un hecho puntual».

Sanciones

Los ecologistas recuerdan que según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, son infracciones muy graves la realización de vertidos directos o indirectos a cualquier bien del dominio público hidráulico cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas. Recordando que dicha Ley establece la comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 300.506 hasta 601.012 euros.

Finalmente, consideró que si estos vertidos u otros de similar importancia se producen periódicamente, el Ayuntamiento debería de plantearse la retirada de la concesión del servicio a la empresa que la gestiona, en este caso Aqualia.