El estudio que definirá los nuevos usos de Las Aletas no estará hasta el próximo otoño

El espíritu de Las Aletas que nació entre los agentes sociales de la provincia el pasado octubre tras el fallo del Supremo vaga ahora errante como un fantasma. El mensaje ante la paralización de las obras por el Alto Tribunal no era otro que el de unidad política y empresarial para sacar adelante el tercer parque logístico de Andalucía. Sin embargo, el pesimismo sobre este proyecto ha cundido entre sus principales impulsores después de tantos obstáculos. Cinco meses después de acatar el fallo judicial que lo tumbó y tres desde que la Abogacía del Estado diera a conocer las salidas legales al revés del Supremo, el proyecto se encuentra inmerso en otro laberinto burocrático. No es fácil y el tiempo juega en su contra.

El retraso en la puesta en marcha de Las Aletas es manifiesto y todo apunta a que el proceso de enmienda que se inicia ahora será largo. El estudio de usos que definirá las nuevas actuaciones en el complejo no estará listo hasta después el verano. Suma y sigue.

El pasado febrero, el Consorcio de Las Aletas hacía público el informe de la Abogacía del Estado que indicaba que había una solución «factible» para continuar con el desarrollo del parque industrial tras la sentencia del Supremo. Los juristas destacaban en el informe la obligación de corregir los defectos de forma detectados en el plan de desarrollo de Las Aletas a raíz del recurso planteado por la asociación ecologista Adena y que ha terminado por paralizarlo.

El Supremo considera, entre otras cosas, que no está justificado el interés social del proyecto y, menos aún, su ubicación en una zona de marismas de la Bahía. El fallo destaca que se vulneran principios de la Ley de Costas al ocupar 280 hectáreas, ocupa 587, de zona de dominio público marítimo terrestre. El informe de la Abogacía de Estado insufló esperanzas a los gestores de Las Aletas. Así, el 5 de febrero se reunía el Consorcio -órgano integrado por representantes del Estado, la Junta, Diputación, Ayuntamiento de Puerto Real y agentes sociales- para perfilar un plan de actuación y salvar el proyecto. La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, reconoció entonces que las indicaciones de la Abogacía del Estado obligaban a replantear el proyecto para garantizar su viabilidad. Se daba por hecho la reubicación de algunas actividades industriales incluidas en el plan inicial, además de estudiar de nuevo la propiedad del complejo, uno de los fallos más graves cometidos a lo largo del proceso administrativo.

El enclave de Las Aletas tiene el condicionante de que no se puede adquirir en propiedad, ya que se trata de una concesión del Ministerio de Medio Ambiente por 30 años y es prorrogable a otros 30 más. Esto significa que una vez agotado el plazo habrá que desmontar lo construido y dejar el terreno en el estado actual. Ante esta situación es obligatorio realizar una nueva reserva del dominio público marítimo terrestre con su correspondiente estudio de impacto ambiental.

El trámite de Las Aletas adquiere ahora un nuevo ritmo. Si antes, todo giraba en relación al desarrollo de las obras, ahora vuelve a circular sobre una nueva y complicada tramitación. El Consorcio encargó en febrero un estudio de usos del espacio donde se levantará el complejo. Este informe definirá con detalle qué actividades industriales tendrán que cambiar de ubicación para cumplir con el fallo del Supremo y, al mismo tiempo, qué espacios serán protegidos a partir de ahora. Hablamos de un nuevo plan urbanístico. Este estudio no estará hasta el próximo otoño. Una vez recibido, habrá que seguir con los planes de adaptación y, más tarde, elevar al Estado y la Junta los cambios para su posterior aprobación. Será entonces cuando se podrán licitar de nuevo las obras. Este periódico ha podio saber que en el mejor de los casos, a Las Aletas le queda algo más de un año para salir de de los cajones de la burocracia. Los agentes sociales empiezan a perder la paciencia después de una década de tiras y aflojas con este proyecto.