Editorial

Exigencias a Venezuela

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El contenido del sumario que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco instruye sobre la cooperación que durante años han mantenido ETA y las FARC, con la ayuda directa de funcionarios e instancias del gobierno de Hugo Chávez, permite esclarecer y depurar en sede judicial las responsabilidades que se derivan de actuaciones pasadas. Actuaciones que afectan gravemente a la relaciones entre dos Estados, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha de exigir clarificar al de Chávez. Pero el efecto más esperado de las imputaciones que recoge el citado sumario es que en Venezuela no quede ni rastro de la connivencia que unos u otros sectores del poder bolivariano hayan mantenido hasta la fecha en auxilio de una banda terrorista que continúa amenazando a la sociedad y a la democracia española. El Gobierno de Madrid ha de recabar del venezolano todas las garantías sobre su negativa a ayudar o a acoger a terroristas en su territorio, y su compromiso de colaborar en la persecución internacional de aquellos activistas que la Justicia española reclame. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha de estar en condiciones de asegurar a la opinión pública española que la Venezuela de Chávez ni ampara ni secunda el terrorismo etarra.