La verdad del poeta

Este año se cumplen cien años de su nacimiento y el poeta de Orihuela (Alicante) Miguel Hernández ha dado el primer paso para que su país le haga justicia. En un acto sencillo, pero cargado de simbolismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entregó en mano a sus familiares la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, en virtud de la Ley de Memoria Histórica. Un documento aprobado por el Ministerio de Justicia con el que se rehabilita la memoria y nombre del escritor, que murió en Alicante en 1942 condenado y encarcelado por el régimen franquista.

De la Vega, afirmó que la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal a los familiares de Miguel Hernández «dignifica, reconoce y rehabilita» la memoria del poeta y es «un desagravio a quienes vivieron situaciones de persecución y violencia durante la Guerra Civil española y la dictadura».

Para De la Vega, esta ceremonia fue «una reafirmación de los valores en los que creyó Miguel Hernández», -entre los que citó «la defensa de la libertad, el rechazo de la opresión o la rebeldía ante la injusticia»- y que consideró que hoy en día «se asumen como el mejor legado del poeta, y que se han incorporado al corazón mismo de la democracia».

La nieta y la nuera del poeta, que presidieron el acto que se celebró en la Universidad de Alicante, se mostraron «muy satisfechos». El poeta Marcos Ana, quien hizo en el penal de Burgos en 1960 uno de los primeros homenajes a Miguel Hernández, ofreció una lectura de poemas durante este acto de reconocimiento, enmarcado en las actividades organizadas con motivo del centenario del nacimiento del poeta y dramaturgo oriolano en 1910.

Al acto, asistieron, además de la vicepresidenta, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda, y el presidente de la comisión del Centenario de Miguel Hernández, José Carlos Rovira.

Condena a muerte

Aun así, los familiares del autor de Viento del pueblo o Perito en lunas demandan que se vaya más allá y se anule la condena a muerte a la que se le sentenció por «ser izquierdista» y «haberse dedicado a actividades literarias», entre otros argumentos. Esta petición, regulada también por la Ley de la Memoria Histórica, fue presentada en octubre del año pasado en la Subdelegación de Gobierno de Alicante para que se presente en el Tribunal Supremo. Pese a que la pena de muerte se le conmutó por 30 años de prisión seis meses después de la sentencia, el juicio no fue anulado, por lo que exigen su anulación.

Según recordaron desde la comisión que organiza su centenario, «la pena de 30 años de prisión, en la práctica, supuso su muerte» por las «condiciones sanitarias ínfimas» de las cárceles españolas, en concreto del Reformatorio de Adultos de Alicante.