El 85% de los cambios de domicilio se han hecho alrededor de los colegios más demandados

El traslado a pisos de la Avenida o del Paseo Marítimo es, en estos días, la petición más demandada en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de Cádiz. Más de 8 de cada 10 cambios de domicilio que se han registrado durante el mes de marzo tienen como destino las zonas donde, curiosamente, se encuentran los centros escolares más demandados en la capital.

Los alrededores de los centros San Felipe Neri, María Auxiliadora, Las Esclavas, Argantonio, Carola Ribed o Reyes Católicos-que cada año tienen más solicitudes de demanda que puestos ofertados- se convierten cada año en el foco de atención de padres desesperados que, en busca de un colegio para sus hijos, hacen todo tipo de apaños para empadronarlos lo más cerca posible de las instalaciones y conseguir así la máxima puntuación en el baremo que determina el acceso a las vacantes escolares.

Una clara demostración de la existencia de prácticas fraudulentos en el proceso de escolarización es que durante el mes de marzo se han duplicado los cambios de domicilio en el padrón, coincidiendo con el plazo habilitado por Educación para realizar la escolarización de los alumnos de Educación Infantil. En total, se han realizado 468 peticiones en tan sólo tres semanas, cuando la habitual cualquier otro mes del año es de 200 como máximo.

Esta situación se repite todos los años y el pasado curso la Delegación Provincial de Educación se vio obligada a tomar cartas en el asunto al recibir una denuncia de un grupo de padres que denunciaban la existencia de fraudes en los cambios de domicilio. Esta plataforma acusó a algunas familias de poner como vivienda habitual las casas de amigos o parientes cercanos para no renunciar a los puntos que les darían derecho a una plaza.

A causa de esta denuncia y tras realizarse numerosas comprobaciones, algunos de los niños acusados se vieron obligados a abandonar los colegios en los que habían conseguido plaza en una primera adjudicación. Fue la primera vez que se hizo una investigación de este tipo, ya que en cursos anteriores ni siquiera se hizo caso a las quejas de las familias que denunciaban este situación. Para ello, la Delegación Provincial de Educación y el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, tuvieron que trabajar conjuntamente para destapar varios casos.

Detrás de la sospecha

Los constantes fraudes ha provocado incluso que los padres perjudicados contraten detectives privados para detectar estas irregularidades. Sin embargo, esta medida no está al alcance de todos los bolsillos, ya que contratar a uno de estos profesionales supone un importante desembolso, que en mucho de los casos son asumidos por un grupo de padres que se unen para poder hacer frente a estos gastos.

Sin embargo, detectar estos casos se hace cada vez más difícil a consecuencia de la nueva normativa de protección de datos aplicada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y que impide publicar el listado de todos los alumnos admitidos en cada centro con la puntuación obtenida en el baremo.

Ahora, para conseguir esta publicación hay que realizar una petición expresa, por escrito, al colegio solicitado, que sólo en estos casos muestra los listados a los demandantes con numerosas restricciones de tiempo. De esta manera, los padres tienen más dificultades para anotar los datos de todos los alumnos y poder investigarlos por su cuenta.

Serán las primeras listas de adjudicación de plazas escolares, que se publicarán en unas semanas, las que comiencen a levantar las primeras protestas y la creación de plataformas en defensa de la legalidad. Mientras tanto, parece que todo vale.