El Poder Judicial congela la suspensión de Garzón hasta que el Supremo decida

El expediente de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial tramita contra el juez Baltasar Garzón se ralentiza. El gobierno de los jueces sigue enfrascado en la batalla de recusaciones planteadas por el magistrado y no moverá ficha hasta que el Tribunal Supremo decida sobre su situación procesal. Sólo si el alto tribunal se decanta por encausar a Garzón por alguna de las tres querellas que tiene presentadas, el Consejo lo inhabilitaría de forma cautelar mientras dure el enjuiciamiento.

Las voces en el Consejo partidarias de «congelar» la suspensión de Garzón son casi unánimes. Con el paso de los días, y según se ha ido enfangando el proceso con la petición de recusaciones, el ímpetu de algunos vocales por acelerar los trámites para inhabilitar al juez se ha desvanecido. El mensaje común viene a ser que no vale la pena apartarlo ahora, ya que su situación en el Supremo es tan delicada que «más temprano que tarde» le acabará pasando factura. Dicho de otro modo, existen muchas posibilidades de que sea procesado, argumentan fuentes judiciales.

En el Consejo, por lo tanto, prefieren esperar acontecimientos y actuar con la ley en la mano cuando toque. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara y dice que si un juez es procesado por alguna causa penal será suspendido automáticamente de sus funciones hasta que no haya una sentencia firme. Pese a que existe la posibilidad de inhabilitar a un juez sin estar procesado, como ya ha ocurrido en algún caso, ésta fórmula no será aplicada en el caso de Garzón.

De todas maneras, el expediente abierto al juez ha salpicado y seguirá salpicando al Consejo. En el pleno celebrado ayer, los vocales aceptaron las inhibiciones presentadas por el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles para apartarse de la tramitación del citado expediente. El órgano de gobierno de los jueces evitó entrar en las recusaciones planteadas por el juez de la Audiencia Nacional contra estos dos vocales y Gemma Gallego por «enemistad manifiesta».

Prefirió autorizar las abstenciones por razones de forma y alegó que De Rosa y Robles pertenecen a la Comisión Permanente, encargada de llevar las diligencias y de preservar «la apariencia de objetividad».

Por el contrario, el pleno sí rechazó por unanimidad la recusación planteada por Garzón contra la vocal Gemma Gallego ya que consideró que es «extemporánea» por no formar del procedimiento, es decir, por no ser miembro de la Comisión Permanente. El mismo argumento se aplicó con el vocal José Manuel Gómez Benítez, quien solicitó su abstención por haber sido abogado de Garzón. No obstante, la decisión en ambos casos podría variar si en un futuro la suspensión del juez pasara de la comisión al pleno.

Viaje

El Consejo, asimismo, aprobó modificar un asunto polémico en los últimos días: el viaje que 14 miembros del gobierno de los jueces, siete de ellos vocales, tenían prevista realizar en abril a una cumbre jurídica en Uruguay y cuyo coste se elevaba a más de 80.000 euros. El pleno decidió reducir el presupuesto y acordó que cuatro de los siete vocales que iban a desplazarse a Montevideo se quedasen en España.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó que tras estudiar y valorar las circunstancias del desplazamiento se ha decidido «lógicamente» que no concurran tantos vocales. Sólo viajará el presidente Carlos Dívar, el vicepresidente Fernando de Rosa y el vocal Miguel Carmona, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Bravo, sin embargo, no quiso dar detalles sobre el nuevo presupuesto tras la reducción del número de viajeros.

Entre el presupuesto inicial se incluían los billetes de avión en clase 'business' -con un coste por persona de 4.100 euros- y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas de Montevideo. Además de los vocales, estaba previsto que acudieron letrados y asesores del Consejo.