Impuestos, solidaridad y solvencia

A estas alturas, cuando todo apunta a que lo peor ya ha pasado, nadie duda sobre la dimensión de la crisis y su carácter mundial, sobre sus orígenes y carácter estructural, así como sobre la necesidad de tomar medidas que impidan que vuelva a repetirse si no ponemos coto y control a la economía especulativa y a la avaricia de los operadores financieros. La realidad de los hechos ha enterrado la estrategia política que pretendía hacer responsable de la crisis al gobierno e ignorar todas las iniciativas que este tomaba para hacerle frente, para dar paso al debate político sobre las medidas que se deben tomar para avanzar en la recuperación económica y en el establecimiento de un modelo de desarrollo sostenible, eficaz y competitivo.

Hemos logrado evitar el colapso financiero y garantizar los depósitos procedentes del ahorro de las familias, aunque aún queden flecos importantes como incorporar a los balances bancarios la actualización de la valoración los activos inmobiliarios. Con un ambicioso programa de incentivos e inversiones públicas se ha contenido la caída de la actividad económica que empieza a recuperarse, aunque las cifras del desempleo y del déficit se han disparado de forma alarmante.

Durante el proceso se ha cumplido el compromiso de no abandonar a nadie a su suerte, de no disminuir los servicios públicos y las prestaciones sociales, especialmente en la cobertura del desempleo que se ha prolongado en dos ocasiones, en la atención a la dependencia y en la protección de las familias. El esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas hecho durante la pasada legislatura situó la deuda pública 30 puntos por debajo de la media de la eurozona. Eso ha dado a un margen presupuestario que el Gobierno ha utilizado para hacer frente a la crisis con menores costes sociales.

La consecuencia de estas políticas ha sido un notable incremento del déficit público en el último año, que podría poner en cuestión la solvencia de España y lastrar las posibilidades de recuperación económica, si no se aborda con rigor su reducción. El gobierno ha tenido que hacer frente al ataque de los especuladores financieros internacionales, poniendo en valor nuestra posición intermedia en todos los parámetros macroeconómicos: nuestra economía ha descendido menos que la media europea, tenemos 20 puntos menos de deuda pública que los países de la zona euro y ocupamos el puesto 12 de 27 en renta per cápita.

El compromiso del gobierno es situar el déficit en el 3% en cuatro años, con un recorte de cincuenta mil millones de euros en el gasto público, que afectará a todas las partidas excepto a las prestaciones sociales, la I+D+i, los Fondos de Economía Sostenible y la cooperación al desarrollo. Hay que tener presente que se debate en todo el mundo si es oportuno abandonar la política de incentivos públicos, cuando la recuperación de la actividad económica es aún incipiente.

El Plan de Austeridad contempla una reducción del 4% de los gastos de personal y un 15% los de funcionamiento de las administraciones públicas a lo largo de este periodo. Se reducirán las subvenciones y el número de empleados públicos, se aplazarán las inversiones menos urgentes, aunque en su conjunto, la inversión pública en España continuará manteniéndose por encima de la media de la UE.

Como no basta con gastar menos y es necesario recaudar más, se ha apostado por una elevación selectiva y progresiva de algunos impuestos, con el objetivo de que los que más tienen ayuden a equilibrar las cuentas públicas. En los próximos meses subirá el IVA y las rentas del capital, lo que situará la presión fiscal en un nivel similar al que existía cuando Zapatero llegó al Gobierno, con la diferencia de que desde entonces se ha incrementado el estado de bienestar con nuevos derechos y prestaciones sociales.

La presión fiscal en España con el 32,8% es de las más bajas de la Unión Europea, seis puntos por debajo de la media que es del 39%, mientras que Alemania ronda el 40% y Francia supera el 43%. En nuestro país hay ahora menos presión fiscal que cuando gobernaba el PP, que la dejó en el 34,5%, y con la subida prevista continuará siendo menor. El Gobierno socialista ha bajado los impuestos en los últimos cinco años, en una cuantía superior a los veinte mil millones de euros, en beneficio de las familias y las empresas.

Actualmente España tiene el IVA en los niveles más bajos de Europa. Tenemos tres tipos de IVA: el general (16%), que subirá dos puntos a partir del uno de julio; el reducido (7%), que subirá un punto y se aplica a más del 40% de los productos; y el superreducido (4%), que seguirá igual y afecta a: alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, huevos, frutas y verduras), libros y periódicos, vehículos para personas con movilidad reducida, prótesis e implantes para personas con minusvalía y viviendas de protección oficial. En otros países, el IVA general está entre el 17,5% del Reino Unido, el 19% de Alemania, Francia y Holanda y el 21 % de Irlanda.

Con objetivo de lograr la consolidación del estado de bienestar, en el marco de un nuevo modelo de crecimiento económico y generar empleo, el Gobierno ha tomado diferentes iniciativas de calado entre las que destacan: el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que ha sido sometido a consulta pública y remitido al Parlamento para incorporar nuevas mejoras que aporten los grupos parlamentarios, las propuestas en materia laboral que se debaten en la Mesa de Diálogo Social, el documento sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones que se aborda en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, el Pacto por la Educación promovió desde el ministerio y el acuerdo sobre el control del gasto sanitario.

Otras iniciativas de interés que apuntan en la misma dirección son: la revisión de las líneas de financiación del ICO para mejorar la liquidez de las PYMES y los autónomos, el Plan de Ahorro Energético, la reestructuración de las cajas de ahorro, el nuevo modelo aeroportuario, la nueva Ley de la Ciencia y la reforma de la Administración General del Estado.

Es el momento de la responsabilidad y la cooperación frente a la crisis, de la solidaridad y del diálogo político, económico y social para garantizar el estado de bienestar y la solvencia de España en el concierto económico internacional. Todos estamos llamados a la tarea de arrimar el hombro en defensa del interés general, frente a quienes sólo creen en el patriotismo de los símbolos y no en el de los ciudadanos.