Padres justicieros

El padre de Mari Luz, la madre de Sandra Palo, el padre de Marta del Castillo y la madre de Nagore Laffague han emergido en los últimos tiempos de sus respectivas tragedias personales para clamar su descontento con la retribución que la justicia penal española les propone para mitigar su insoportable pérdida. A su común perfil generacional se une la atormentada experiencia de ver irrumpir en sus vidas familiares la muerte violenta, el ataque sexual, el protagonismo criminal de menores y contra menores o la negligencia judicial. Luego, han coincidido sus voces, expresando un hondo malestar -que comparte un amplio sector social- por la redención de penas sin reinserción acreditada y por la inmunidad penal de los menores.

En el fondo, están exigiendo un nuevo debate sobre la filosofía ultragarantista que impregna la justicia en España al doblarse el cabo de los 30 años de la democracia. ¿Es cierto, como ellos han percibido en su interminable reclamación de justicia, que existe un mayor celo en la administración por defender los derechos de los delincuentes que por la satisfacción de las víctimas? Las voces que acompañan a los padres justicieros y que se suman a la bandera de la pena a perpetuidad revisable o la reconsideración de los límites de la edad penal de los menores se van imponiendo al consenso de 1977. Entonces nadie discutió que la ruptura con la dictadura exigía como condición necesaria la abolición de la pena capital y de la cadena a perpetuidad. Se convirtió en algo simbólico. El franquismo era pena capital y cadena perpetua; y su abolición el puente a la democracia. No se tuvo en cuenta, sin embargo, que en naciones tan modernas como Canadá, casi toda Europa, Estados Unidos y Australia, la vigencia de la pena a perpetuidad no ponía en cuestión la calidad de su democracia. No se trata de una derechización de la sociedad española, ni de una jugada política con trasfondo electoral. Es preciso recordar que fueron las víctimas del terrorismo quienes lograron cambiar la inercia judicial que durante décadas permitió que condenados por asesinatos múltiples a cientos de años de prisión salieran a la calle tras cumplir menos de veinte.

Los padres de Mari Luz, Sandra, Nagore y Marta pretenden una revolución similar en los delitos comunes a lo que la doctrina Parot supuso para la justicia penitenciaria en casos de terrorismo ¿Unas gotas de medicina de Talión aplicadas por el señor Linch? No. Ellos saben que es imparable la corriente de la «victimología» partidaria de incorporarlos a la mecánica procesal para que su dolor y su dignidad aparezcan como elementos sustanciales a la hora de establecer y cumplir las condenas. Otra cosa es la pretensión de los partidos de utilizar sus desolados rostros y sus vidas rotas como fuente de derecho. No son juristas. Son un grito en el desierto, luces rojas contra la indiferencia. Nada más. Nada menos.