González-Sinde desoye las protestas y no modifica la 'ley antidescargas'

Ni un paso atrás. Ésa es la consigna del Gobierno con la polémica 'ley antidescargas'. El Consejo de Ministros aprobó ayer, en una reunión celebrada en Sevilla, la modificación normativa que permitirá el cierre de páginas web que enlazan o alojan sin permiso archivos protegidos bajo los derechos de autor. A pesar de las incesantes acciones de protesta encabezadas por grupos de internautas y alguna que otra asociación de consumidores, las medidas de protección de la propiedad intelectual y contra la piratería en internet han sido recogidas sin cambio alguno en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. El texto llegará así intacto al Congreso de los Diputados.

El principal punto de discordia se encuentra en la creación de una comisión de expertos cuya misión será la «mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual». Este órgano estudiará cada caso y si lo considera oportuno iniciará el expediente correspondiente, aunque en ningún momento podrá cerrar ni bloquear ninguna web sin que exista una orden judicial. La tutela de los tribunales no figuraba expresamente en el borrador del anteproyecto de ley, si bien fue introducida el 8 de enero para evitar un conflicto de competencias.

Según recoge el texto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional será la que centralice las denuncias. El juez tendrá, desde que reciba la documentación, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.

En contra

La organización de consumidores Facua lanzó ayer una campaña para solicitar al Gobierno un cambio en su política cultural bajo el lema 'Si es legal, es legal', el colectivo. Y el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, salió de nuevo a la palestra para advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «pagará en las urnas el absoluto desprecio que tiene por el mundo de Internet». Domingo anunció que los usuarios «darán batalla» en el Congreso de los Diputados para modificar el punto que autoriza el cierre de páginas web.

El cambio normativo se tramitará en el Parlamento junto al resto de los puntos incluidos en la Ley de Economía Sostenible, cuya aprobación está prevista antes de que acabe el primer periodo de sesiones, a finales de junio. Los grupos parlamentarios podrán introducir antes sus enmiendas. Durante los trámites deberá redactarse el reglamento que desarrolle la ley y, en particular, la forma de elección y la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual. Lo único que se sabe, de momento, es que estaría compuesta por especialistas en la materia en sus distintas vertientes y que dependerá estructuralmente del Ministerio de Cultura.