El general Navarro irá a prisión por mentir sobre el Yak

El proceso judicial por los errores en las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 llegó ayer a su fin. El máximo responsable de aquellas filiaciones, el general médico Vicente Navarro, ingresará en prisión para cumplir una condena de tres años de cárcel por falsear de forma consciente las identidades de sus compañeros.

El Tribunal Supremo confirmó además los 18 meses de prisión para sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, en calidad de cómplices. Las familias aseguraron que esta sentencia palia en parte su sufrimiento. El PSOE, a su vez, reclamó al ex ministro de Defensa Federico Trillo que asuma su responsabilidad. Las penas de prisión para el general Navarro, ya retirado, y los dos oficiales conllevan su expulsión inmediata de la carrera militar. Asimismo, el Gobierno tiene intención de retirar las condecoraciones recibidas por el general, según anunció el presidente del Gobierno si el fallo era ratificado por el alto tribunal.

Los tres mandos reclamaban al Supremo su absolución, mientras que la asociación que representa a la mayoría de los familiares pedía que se elevasen las penas. El general Navarro defendía que no cometió delito de falsedad porque los certificados de defunción eran «inocuos e intrascendentes», mientras que sus subalternos alegaron que se limitaron a cumplir órdenes.

Pero los cinco magistrados de la Sala de lo Penal desestimaron este miércoles sus recursos y confirmaron en su integridad la sentencia hecha pública en mayo de 2009 por la Audiencia Nacional, que impone también dos años de inhabilitación y tres meses de multa para los forenses. La decisión fue unánime.

«Tortuoso» proceso

El proceso judicial por las identificaciones del Yak-42 ha durado siete años hasta llegar al Supremo. En noviembre de 2007, la causa estuvo a punto de irse al traste cuando el entonces juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivarla al no encontrar indicios de delito. Sin embargo, en abril de 2008 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al juez, ordenó reabrir el proceso y celebrar juicio oral, lo que precipitó un año después las condenas.

Esta «tortuosa"»causa, según los familiares de los fallecidos, ha quebrado «muchos» nervios, pero el fallo del Supremo satisface sus pretensiones y es un «muy buen final». Para el presidente de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Sencianes, hay una cosa clara: el general Navarro «no tuvo errores, sino que decidió no identificar», y esa decisión de sabía desde Madrid cuando llegaron los cadáveres, «antes incluso de celebrarse el funeral».

Para los familiares, «hoy más que nunca», Trillo, como máximo responsable de Defensa el fatídico 26 de mayo de 2003, «debería recapacitar», mientras que el PSOE conminó al ex ministro a «dar un paso al frente» y abandonar. Desde su partido, sin embargo, no piensan lo mismo y aseguraron que esas responsabilidades políticas ya fueron asumida. Tras conocer la primera sentencia condenatoria Trillo declaró que no la compartía y que creía que los militares actuaron de «buena fe». La Audiencia debate si imputa al ex ministro por el proceso abierto sobre las consecuencias penales de la contratación del Yak.