La Comunidad cuenta con la primera ley que regula el derecho a una muerte digna

«Una ley vanguardista, valiente y sensible». Con estas palabras, la consejera de Salud, María Jesús Montero, se felicitaba ayer en el Parlamento andaluz por la aprobación, con el apoyo de todos los partidos, de la primera norma que regula en España los derechos de las personas en la última etapa de su vida y los deberes de los profesionales que las atienden. La llamada ley de muerte digna, que convierte a Andalucía en referente nacional de esta materia, obliga tanto a hospitales públicos como privados. Habría que añadir que esta norma pionera salió adelante con un amplio consenso, difícil en los tiempos que corren de tenso enfrentamiento político.Un consenso que fue posible al dejar fuera del articulado la eutanasia, como le hubiera gustado a IU, y también por no reconocer la objeción de conciencia de los médicos, como pedía el PP. Este aspecto impidió que la unanimidad fuera completa. El PP votó en contra de tres de los 33 artículos que la desarrollan por no incluir dicha posibilidad y por no especificar la composición de los comités de ética de los hospitales que decidirán sobre los tratamientos.

La denominada Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de la Muerte no regula ni la eutanasia o el suicidio asistido porque la Comunidad carece de competencias en esta materia, tipificada como delito en el Código Penal. Tampoco la objeción de conciencia, porque su regulación también es competencia estatal, como recordó ayer la consejera. La norma clarifica, de acuerdo con las leyes estatales existentes, cómo debe ser la limitación del esfuerzo terapéutico, prohibiendo su ensañamiento. Es decir, permite a los enfermos rechazar un tratamiento que los mantenga vivos de forma artificial y también admite la sedación paliativa para evitar su sufrimiento, aunque en ambos casos signifique acortar la vida.

El origen de esta ley está en el caso de Inmaculada Echevarría, como recordó ayer María Jesús Montero. Trata de solventar la situación vivida en 2007 por esta mujer, que tras diez años paralizada con una distrofia muscular irreversible, padeció una dramática odisea en tribunales y hospitales privados y públicos hasta que pudo ser desconectada de la máquina de ventilación mecánica que le mantenía con vida.

Garantías jurídicas

La norma también da garantías jurídicas a los profesionales sanitarios en los tratamientos que en este sentido demanden los pacientes en su fase terminal, para que no ocurran casos como los de Leganés. Incluso les obliga a respetar las decisiones de los pacientes, estén o no de acuerdo con sus criterios morales o religiosos. Es en este aspecto en el que el PP ha mostrado su mayor discrepancia. La diputada Ana María Corredera, portavoz del PP en esta ley, explicó que la inclusión de la objeción de conciencia no lesionaría el derecho de los pacientes, ya que si un médico o enfermero rechaza aplicarle el tratamiento por criterios religiosos o morales, otro profesional «se encargaría de atenderle».

La norma, vigente en 20 días, recoge el derecho a una cama individual del paciente en su fase terminal y a estar acompañado por sus familiares. También contempla la atención de cuidados paliativos en el hogar del enfermo. En este sentido, Ana María Corredera mostró sus dudas de la capacidad actual de la sanidad para cumplir este derecho y reclamó más recursos a la Junta para habilitar camas individuales.

La consejera recordó el plan de cuidados paliativos vigente y el compromiso de una cama individual en todos los hospitales antes de 2012. El SAS destina tres millones de euros a este plan. José Manuel Mariscal, portavoz de IU, señaló el momento histórico al aprobarse esta ley y recordó que es un mandato del Estatuto de Autonomía. También pidió valentía al Gobierno central para abordar una ley que reconozca la eutanasia.