Los ayuntamientos podrán ordenar el derribo inmediato de obras ilegales

«Si Chiclana completa con éxito la regularización de sus viviendas ilegales saldría en el 'New York Times'», ha llegado a decir o el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, que tiene encomendado la redacción de su plan urbanístico. Pues el diario norteamericano ya puede ir sacando billetes a los mismos periodistas que se pasearon por el Carnaval y que ya conocen la zona, para dar cuenta de la noticia, porque los ayuntamientos dispondrán de un nuevo arma contra las construcciones ilegales.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un reglamento de disciplina urbanística que permite a los consistorios hacer derribos exprés. Pero no sólo se queda ahí, también los autoriza a imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores. La fórmula reduce trámites y desatascar procedimientos, pero no garantiza la regulación tranquila. Sólo en Chiclana hay más de 15.000 viviendas ilegales, 4.500 en El Puerto y otra 1.000 en El Palmar. Son los núcleos irregulares más importantes, pero la cifra aumenta si se tienen en cuenta la gran cantidad de diseminados por la zona rural de Jerez o en La Sierra.

Este tipo de derribos está pensado para «actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables». De las que claman al cielo. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, fue muy claro al explicar cuándo será posible hacer uso de la nueva herramienta legal y sobre sus plazos, que no excederán de un mes.

El tiempo empezará a correr en el momento mismo que se notifique el expediente al propietario, lo que supone un ahorro de hasta once meses con respecto a la tramitación actual, explicó el consejero.

Puestos los cimientos, hay que empezar a levantar la casa. Y con el fin de no dejar grietas, en el caso de que el ayuntamiento no responda a su requerimiento de intervención, la Junta podrá utilizar este procedimiento de forma subsidiaria, pero en ningún caso la demolición se retrasará más de dos meses.

El nuevo reglamento refuerza el trabajo que ya llevan a cabo los arquitectos encargados de redactar los nuevos planes urbanísticos. El de El Puerto es uno de los más avanzados y ya cuenta con un procedimiento para regular las viviendas irregulares. El Ayuntamiento de Vejer también habilitó una oficina de Planeamiento Urbanístico para dar licencia a un millar de edificaciones. Mientas que Chiclana sigue atascada, dado el enorme volumen de casos que tiene pendiente.

Un segundo elemento permitirá luchar contra la proliferación de casas ilegales. El consejero precisó que «el reglamento da un paso más al tener criterios jurídicos desarrollados», de forma que se deberá elaborar un inventario de inmuebles en suelo no urbanizable, identificando cual es su situación jurídica. Una vez definidas aquellas que están al margen de la legalidad, será necesario analizar con el ayuntamiento las posibilidades que tiene de adecuarse al planeamiento o no.

Esa adecuación se llevarían a cabo a través del principio de «proporcionalidad», buscando fórmulas donde el derribo «significa un daño mayor al que se intenta reparar», tal como consta en las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno. «En ningún caso se plantea ninguna ley de punto y final sino articular jurídicamente soluciones donde puedan ser viables», resaltó.

Y que no vuelva a ocurrir

En materia de prevención, está previsto un arduo trabajo de campo. Se revisará el procedimiento a través del que los ayuntamientos otorgaron las licencias. En el caso de encontrar cualquier irregularidad, la norma autoriza a los alcaldes a adoptar medidas cautelares que permitan suspender una obra si incumple la ley. Además incorpora un procedimiento abreviado en el caso de obras menores, y la posibilidad de que puedan concederse licencias parciales y por fases en los casos de desarrollo en áreas amplias.

Espadas precisó que el reglamento identifica a una serie de agentes que deben ser «parte activa y garante de la seguridad jurídica», como los colegios profesionales. De esta manera se traslada la responsabilidad a la propia sociedad, que ha de ser el primer filtro.