La Audiencia debate la imputación de Trillo por la contratación del Yak

La Audiencia Nacional revisará este jueves los recursos presentados por los abogados de las víctimas en los que reclaman ampliar las imputaciones por las responsabilidades en la contratación del Yak-42. La Sala de lo Penal debatirá un listado de nuevos acusados entre los que se encuentra el ex ministro de Defensa Federico Trillo, así como los principales integrantes de la cúpula militar en el momento de la tragedia, entre ellos los jefes de los ejércitos de Tierra y del Aire, los tenientes generales Luis Alejandre y Eduardo González-Gallarza. A todos ellos les acusan de 62 homicidios por omisión, tantos como militares fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003.

El tribunal encargado de resolver los recursos de apelación está presidido por la magistrada Ángela Murillo y cuenta con otros dos jueces, quienes revisarán la documentación presentada por los recurrentes y tendrán que escuchar los argumentos de las partes, incluida a la Fiscalía, por si apoya o rechaza las nuevas imputaciones. Estos recursos fueron presentado en junio de 2008, sin embargo, el juez que instruye la causa penal por la contratación del Yak, Fernando Grande-Marlaska, ha tardado más de un año y medio en elevarlo a la sala para su resolución.

Las alegaciones son contra un auto del juez en el que, en mayo de 2008, decidió imputar a «solo» cinco oficiales pese a que las defensas de las familias hicieron 18 peticiones, entre ellas la del propio Trillo por ser el máximo responsable del ministerio cuando se alquiló el avión. Entre los acusados por 62 homicidios imprudentes se encuentra desde entonces el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Antonio Moreno.

Además de Trillo y los generales, las defensas solicitan 11 nuevas imputaciones, siete tenientes generales, dos responsables de la empresa contratista Chapman Freeborn y otros dos de la Dirección General de Aviación Civil, organismo dependiente de Fomento.

En la causa que investiga Grande-Marlaska han declarado ya más de 60 testigos y hay pendientes más de 15 comisiones rogatorias a otros países. El juez también estuvo al frente de la instrucción del proceso por los errores en las identificaciones de los militares fallecidos. En noviembre de 2007 decidió archivar la causa al no encontrar indicios de delito, sin embargo, la Sala de lo Penal le ordenó meses después reabrirla y decretar la apertura de juicio. En mayo de 2009, el tribunal acabaría condenando a prisión por estos hechos a tres oficiales. Precisamente, el Supremo revisará mañana las penas impuestas por la Audiencia Nacional.