«El problema es cómo van a documentarse muchos casos»

La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, anunció la medida el Día de la Mujer. El requisito para cobrar una indemnización única de 1.800 euros es aportar pruebas documentales que se ajusten a Derecho y que demuestren que sufrieron «violencia, vejaciones, torturas, escarnio o humillaciones». La asociaciones para la recuperación de la memoria histórica apoyan el decreto «más por lo que tiene de simbólico que de efectivo», según Cecilio Gordillo. Álvarez sabía que serían pocas, pero justificó la iniciativa por el hecho de que de las 2.742 indemnizaciones que desde la Junta se han dado para represaliados del franquismo, en virtud de la aplicación de la 'Ley de Memoria Histórica', sólo el 5 por ciento han sido recibidas por mujeres. El investigador Fernando Romero subraya la «dificultad que tendrán muchas de ellas para poder documentar su caso, porque los represores no solían registrar sus tropelías por escrito y con cuño oficial».