Acuerdo entre los grandes partidos para endurecer el Código Penal

El primer debate en el Congreso del proyecto de reforma del Código Penal ya dibujó cuál puede ser la composición de la mayoría parlamentaría que termine por aprobar el cambio de unos 150 artículos de la ley, la vigésimoquinta modificación de la norma -seis de ellas sustanciales- desde que fue aprobada en 1995.

El Gobierno y el PSOE contaron con el apoyo fundamental del PP y de CiU para derrotar las enmiendas a la totalidad contra un texto que endurece de forma notable las penas contra determinados delitos graves, como el terrorismo y las agresiones sexuales a menores; que establece la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas; aumenta la estancia efectiva en prisión para otros delitos -los de penas de más de cinco años-; y, además, establece el control posterior en la calle de los condenados, con medidas como la libertad vigilada. Los únicos que votaron por la devolución al Ejecutivo del documento, por considerarlo excesivamente represivo, fueron los 13 diputados del PNV, Esquerra, IU y BNG.

El texto del Gobierno introduce además nuevos delitos, como la piratería, el tráfico de órganos, el acoso laboral e inmobiliario o el cohecho entre particulares, amplía los tipos contra el terrorismo 'yihadista', endurece las penas contra la corrupción urbanística, y la prostitución y pornografía de menores, entre otros, y descarta el encarcelamiento de pequeños vendedores callejeros de 'top manta'.

En la práctica, ninguno de los grupos ha dado aún el sí definitivo al Gobierno, pero tanto los populares como los diez diputados de CiU mostraron durante el debate un alto grado de acuerdo con el proyecto oficial y citaron al PSOE para cerrar el acuerdo con la negociación de discrepancias concretas durante el trámite de enmiendas parciales que se inicia ahora. Los socialistas no ocultaron al final del pleno su optimismo porque no descartan que a su ofrecimiento para alcanzar un acuerdo casi unánime puedan también acudir los nacionalistas canarios, otros partidos menores del grupo mixto y destacaron que incluso ERC y el PNV, pese a las duras críticas y a las marcadas diferencias, se muestran proclives a la negociación.

La reivindicación principal del PP es la implantación de la cadena perpetua revisable a los 20 años para asesinatos terroristas, magnicidios, genocidios y muertes con violación, una demanda rechazada por el resto de partidos y descartada por el Gobierno.