El Poder Judicial congela la suspensión de Baltasar Garzón

Baltasar Garzón seguirá al menos unas semanas más al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer posponer el debate sobre la suspensión cautelar del juez -sobre el que pesan tres querellas en el Supremo por prevaricación- hasta que el pleno del órgano, que se reúne el 24 de marzo, no resuelva las recusaciones planteadas por Garzón por falta de objetividad y enemistad manifiesta contra dos de los vocales que deben decidir sobre su suerte: el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, que aún no ha resuelto qué va a hacer y decidirá una vez que lea las alegaciones de Garzón, y Gemma Gallego.

La tercera vocal recusada por el instructor, la ex secretaria de Interior Margarita Robles, decidió ayer motu proprio apartarse de las deliberaciones. En un escrito remitido a la Comisión Permanente, Robles niega «categóricamente» tener «enemistad» con Garzón, como éste sostiene. Es más, la ex número dos de Interior recuerda que mantiene una «respetuosa relación personal y profesional desde hace muchos años» con el magistrado.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial atribuye estas acusaciones de falta de imparcialidad a la interpretación que Baltasar Garzón ha hecho de las deliberaciones en el Consejo y que ha conocido sólo a través de los medios de comunicación.

No obstante, Robles prefiere no intervenir en las deliberaciones para evitar que su «intervención en este expediente pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia e imparcialidad».

La magistrada del Tribunal Supremo basa su renuncia en el hecho de que Garzón y ella coincidieron durante 1993 y 1994 en el Ejecutivo de Felipe González. Garzón era delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, con rango de secretario de Estado, mientras que Robles fue subsecretaria del Ministerio de Justicia y luego secretaria de Estado de Interior. «Cargo este último -explica la magistrada- al que, según varios medios de comunicación de la época, aspiraba el señor Garzón y que al no haber podido conseguir, siempre según tales medios, determinó que abandonara la política y volviera al Juzgado Central de Instrucción número 5».

'Caso Marey'

El gesto de la ex compañera de Gobierno de Garzón, sin embargo, contiene un indisimulado reproche. Robles afirma que deja las deliberaciones para no incurrir en la falta de imparcialidad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprochó en enero a Garzón.

La corte de Estrasburgo determinó que España no violó el Convenio Europeo, pero sentenció que el juez de la Audiencia Nacional «no respondió a la exigencia de imparcialidad» al instruir el sumario por el secuestro en 1983 de Segundo Marey contra el ex secretario de Seguridad Rafael Vera, cuando también ambos habían coincidido en el Gobierno salido de las elecciones de 1993, un año antes de que Garzón volviera a su tribunal y reactivara la investigación por el secuestro de los GAL.

Robles ve «analogías» entre ambos casos y recuerda que el ahora imputado «debió abstenerse» en la instrucción del 'caso Marey' porque era una investigación que involucraba a «personas con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo, en el Gobierno». Por ello, la vocal insiste en apartarse de las deliberaciones «para que no pueda ponerse en cuestión, como en su día le ocurrió a él (Garzón), mi apariencia de objetividad».