Veintitrés supuestos narcos van a juicio ocho años después del alijo

A José Antonio R. P. lo conocían de muchas maneras. Unos lo llamaban 'El Peluqui', otros 'El Coleta', y también 'El Cabrero'. Menos original era el mote de su amigo y socio, Manuel Miguel F. M, apodado como 'El Gordo'. Ambos están acusados de ser los cabecillas de una de las muchas bandas dedicadas al narcotráfico que operan en la provincia, y máximos responsables de un alijo de 1.726 kilos de hachís que tuvo lugar en la gaditana playa de Santibáñez en el año 2002. Aunque el cargamento es relativamente modesto, para las cifras que habitualmente se manejan en el Estrecho, llevó a los calabozos a un total de 23 personas vinculadas con esta red, entre ellos 'El Peluqui' y 'El Gordo'. A pesar de la envergadura de la operación, o por culpa de ella, el caso llega a los tribunales de la Audiencia Provincial con ocho años de retraso, desde que se llevó a cabo la detención en el mes de marzo de 2002.

Según relata la Fiscalía Antidroga en un extenso y detallado escrito de acusación, 'El Peluqui' y 'El Gordo' habían montado una «infraestructura» para trasladar la droga desde Marruecos, en la que ambos asumían casi todas las funciones, desde contactar con las mafias marroquíes hasta el alquiler de las embarcaciones. Sin embargo, siempre trabajaban para otras bandas que financiaban los alijos. Es decir, sólo transportaban y custodiaban la droga, para entregarla luego a sus dueños, cobrando por ello.

«Una copita por la noche»

La Policía Nacional les siguió la pista durante meses, hasta que el 5 de marzo de 2002 una sospechosa y multitudinaria cita de 'El Gordo' para «tomar una copita por la noche» en la que convocó a diversas personas, hizo pensar a los agentes en un posible cargamento de droga: la «copita» estaba prevista de madrugada en la playa de Santibáñez, cerca del ventorrillo El Chato, entre San Fernando y Cádiz.

Aquella noche Vigilancia Aduanera (SVA) y Policía Nacional coordinaron un espectacular operativo, con patrullas terrestres, marítimas y aéreas (un helicóptero), con el que lograron cercar a los supuestos narcos en el momento mismo del desembarco, logrando decomisar 56 paquetes de hachís que dieron un peso de 1.726 kilos, además de seis vehículos y una embarcación que sigue amarrada en Sancti Petri.

Dilaciones indebidas

Sin embargo, lo que parecía un duro golpe al narcotráfico, se ha atascado en los meandros de la Justicia durante ocho años, pasando por dos juzgados de instrucción distintos (el número 3 de El Puerto y el 3 de Cádiz). Y es que casos como éste, un supuesto éxito policial, a juzgar por el número de detenidos, acaban siendo los que más despacio se mueven en tribunales y, por tanto los que menos castigos obtienen, ya que las defensas suelen exigir atenuantes a las penas por dilaciones indebidas.

Esta contradicción parece confirmarse con este asunto retrasado más años, incluso, de los que la Fiscalía solicita de cárcel para los 23 acusados: desde un máximo de seis años y medio de cárcel para un detenido de origen marroquí con antecedentes, a la mínima de cinco años para la mayor parte de los procesados.