Los ayuntamientos de Cádiz se desentienden y no controlarán los prostíbulos de los Galán

Como si de un partido de fútbol se tratara, la jueza del 'caso Toscana' puso el lunes el balón en el terreno de los ayuntamientos y de la Junta cuando ordenó el desprecinto de los seis clubes de la familia Galán. Les pasó la pelota al enviarles un oficio en el que les informaba que dichos establecimientos operan bajo licencias de hoteles cuando en realidad son lugares donde se ejerce la prostitución con el fin de que articularan mecanismos de control. Una afirmación que podría sonar a perogrullo, ya que la actividad que se realiza en locales como La Hacienda queda en evidencia con sólo acceder a la página web de la cadena Galantería.

Pero ese aviso, sustentado en el informe de la Fiscalía que desvincula los negocios de los imputados al sector de la hostelería, ha caído en saco roto. Al menos en lo que se refiere a la primera reacción de la mayoría de los consistorios que han otorgado los permisos a los Galán para abrir unos hoteles, cuando en realidad son locales de alterne. Tan sólo el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha movido ficha y su alcalde, David Valadez (PSOE), confirmó ayer a este medio que la Delegación Municipal de Comercio va a inspeccionar el club Aladín para ver si su actividad se ajusta a la que tienen autorizada y «si es susceptible de ser revocada la licencia». Valadez, que tomó el bastón de mando tras el arresto del anterior alcalde en el marco de una operación anticorrupción, aseguró que ejercerán el debido control.

Respuesta distinta fue la que este periódico obtuvo de los otros ayuntamientos, a excepción del de Medina que no se pronunció. En el caso de Jerez, su delegada de Seguridad, María del Carmen Martínez (PSOE), aseguró que tienen «las manos atadas», salvo que mediara una orden judicial. Reconoce que el Consistorio tiene la potestad de otorgar el permiso de apertura y puede realizar cierto control, pero «como tengan una licencia y sea legal, lo que cada uno haga dentro de una habitación alquilada es muy difícil de saber. Es como un hotel, no hay manera de controlar lo que se hace dentro». Si se acude al Decreto que regula los establecimientos hoteleros en Andalucía, se puede comprobar que los clubes de alterne no constan como servicios de alojamiento hotelero, por tanto se trata de una actividad que no puede ser encuadrada bajo esa licencia. De ahí que los empresarios del sexo recurran a este tipo de permisos para abrir sus negocios, que a día de hoy sobreviven sobre lagunas administrativas al no existir una regularización específica para estos locales.

Que se pronuncie la Junta

Esa labor de fiscalización que debe ejercer la Junta, a la que también se le ha remitido el oficio, fue el argumento esgrimido desde el Ayuntamiento de Los Barrios (PSOE), donde apelaban a la existencia de más prostíbulos bajo esa denominación como algo normal, y en el de El Puerto (PP). En ambos casos trasladaban la cuestión a la Consejería de Turismo, pese a que sus respectivos Gobiernos locales al igual que pueden otorgar las licencias, tienen competencias para suspenderlas o incluso retirarlas.

Precisamente, si se toma como ejemplo la ordenanza municipal de El Puerto, que regula las tasas de apertura de establecimientos, se aclara que este pago que debe realizar todo empresario que abra un negocio en este término municipal viene a cubrir una determinada función administrativa, que es la de controlar las actividades sujetas a licencia; una inspección que puede producirse, entre otros supuestos, cuando «se descubra la existencia de actividades que no estén plenamente amparadas por la correspondiente licencia».

Desde el Ayuntamiento de Conil (IU) no quisieron pronunciarse sobre la reapertura del club Garum, aunque sí reconocieron que en varias ocasiones tanto la Policía como la Guardia Civil les ha requerido información sobre este establecimiento, donde nació la 'operación Toscana' a raíz de una primera inspección. Este establecimiento lleva unos 20 años con una licencia de hotel de carretera, que el Consistorio, en principio, no va a revisar.

Este periódico acudió también al último garante en el control de los establecimientos hoteleros. Desde la Consejería de la Junta esperaban tener el oficio judicial para poder realizar una primera valoración.