El Gobierno exige a Hugo Chávez respeto a España y a sus jueces

El Gobierno exigió ayer a Hugo Chávez «respeto» para España y para sus tribunales de justicia. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que, según establecen los acuerdos bilaterales vigentes, el Ejecutivo venezolano tiene la obligación de colaborar con España para «esclarecer» los «graves hechos» recogidos en un auto de la Audiencia Nacional en el que el juez Eloy Velasco mantiene que miembros de la Administración venezolana pudieron «cooperar» con ETA y facilitar sus contactos y relaciones con la narco-guerrilla colombiana de las FARC.

El Ejecutivo salió al paso de las voces, principalmente del PP, que acusan a los socialistas de arrugarse ante Chávez y de no ser capaces de defender la dignidad de España ni de pedir explicaciones al Ejecutivo suramericano por los indicios de connivencia con el terrorismo. No sólo habló la vicepresidenta sino también el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, pese a pedir «prudencia» en las afirmaciones hasta que el caso «se investigue más», reclamó a Venezuela «una colaboración más intensa» con la justicia española y en la lucha contra el terrorismo.

Fernández de la Vega, con un discurso rotundo, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para contestar que «de tibieza, nada». Aseguró que el Gobierno, nada más conocer la existencia del auto judicial, actuó con «firmeza y celeridad» y puso en conocimiento de las autoridades venezolanas, de manera «verbal», los «indicios y contenido» de la resolución. Señaló que se actuó con esta diligencia tanto por «lealtad institucional» como para activar «todos los mecanismos bilaterales de colaboración jurídica para esclarecer los hechos». A Venezuela se le pidió, dijo, «colaboración, información y explicaciones». Los responsables diplomáticos caribeños contestaron que no tenían conocimiento alguno de los hechos que les imputaba Velasco, pero se comprometieron a hacer las indagaciones pertinentes y a dar una contestación oficial a España, que aún no se ha producido.

La vicepresidenta primera señaló que España transmitió desde el principio un mensaje claro: «La justicia española es independiente y las autoridades venezolanas deben colaborar para aclarar unos hechos muy graves que España, pero no me cabe duda que también Venezuela, estamos interesados en aclarar». Explicó que la petición diplomática se cursó con «firmeza y respeto, el mismo que exigimos para nosotros», y aprovechó para enviar un aviso a Chávez que, en días pasados, como suele ser habitual en él, negó con arrogancia las acusaciones. «Creo -indicó- que los problemas se solucionan desde esa colaboración necesaria y siempre desde el respeto debido a las instituciones, a nuestra justicia y a nuestro país», porque «sólo quien respeta es respetado».

Consultas al juez

El Ejecutivo, que aspira a que todo el asunto esté aclarado antes de que Chávez tenga que acudir en mayo a Madrid, a la cumbre UE-América Latina, se ha centrado por el momento en adelantar trabajo a través de la vía diplomática. La componente judicial, por ahora, está parada a la espera de que los servicios jurídicos del Estado analicen el auto de Eloy Velasco, porque a simple vista no queda claro lo que el juez pretende del Gobierno en un documento que la vicepresidente calificó como «peculiar».

El magistrado no especifica de forma nítida si quiere que España tramite una petición de colaboración judicial internacional para recabar pruebas que permitan reclamar la extradición de los procesados, miembros de las FARC y de ETA, o si lo que pretende es que el Ejecutivo solicite ya las extradiciones de los presuntos terroristas imputados residentes en Venezuela y Colombia. A la vista de las dudas jurídicas, es posible que el Gobierno tenga que solicitar en los próximos días una aclaración al magistrado sobre sus reclamaciones concretas, antes de poder activar petición judicial alguna.

El PP, por su parte, elevó ayer la dureza de las críticas. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió que el embajador español en Caracas sea llamado a consultas a Madrid, en protesta por las imputaciones y la falta de colaboración de Venezuela, y el portavoz de asuntos internacionales del partido, Gustavo de Arístegui, tiró por alto y reclamó el cese del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por considerar que no es capaz de «reaccionar con contundencia» ante el conflicto y por tener «miedo» a Chávez.