Cerco a las empresas defraudadoras

El Gobierno ya no contempla al sector inmobiliario como principal foco de fraude fiscal. La crisis financiera combinada con el estallido de la burbuja del ladrillo, que ha enviado al paro a decenas de miles de trabajadores, ha llevado al Ministerio de Economía y Hacienda a cambiar de estrategia en su persecución de la evasión de impuestos. La Agencia Tributaria centrará en adelante sus inspecciones sobre las empresas sospechosas de engañar al fisco mediante fórmulas como la ocultación de actividad e ingresos, el empleo de personas no dadas de alta ante la Seguridad Social o los fraudes en el IVA y el impuesto de Sociedades.

«Los defraudadores tienen que saber que si realizan alguna actuación irregular, será detectada y sancionada», señaló la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. La iniciativa está incluida en el programa de consolidación fiscal diseñado para reconducir, de aquí a 2013, el actual déficit del 11,4% del PIB por debajo del 3% que marca el pacto europeo de estabilidad.

El plan consta de sesenta medidas estructuradas en cuatro ejes: la prevención y el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales; la mejora de la coordinación entre los organismos encargados de combatir el fraude -Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo- , que en adelante compartirán sus bases de datos; la puesta en marcha de actuaciones conjuntas de control y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas y eficaces.

El Gobierno calcula que el plan reportará a las arcas públicas unos 1.000 millones de euros adicionales (un 0,1% del PIB) en los próximos cuatro años. Ése es al menos el objetivo incluido en la estrategia de estabilidad remitida a Bruselas, pero fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que el departamento que dirige Salgado confía en que la recaudación será mayor.

Insolventes

La vicepresidenta económica explicó que las actuaciones de control se centrarán en «la identificación conjunta de perfiles de riesgo». Es decir, en la vigilancia de aquellas áreas más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. La lupa de los inspectores estará sobre las empresas declaradas insolventes en las que se detecte actividad, en aquellas en las que se detecten indicios de fraude en el IVA o en impuesto de Sociedades y en las sospechosas de comercio irregular o contrabando.

El plan incluye la creación de una Comisión Mixta integrada por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales. En su seno se establecerán criterios para casos de embargo y cobro.

Salgado resaltó que otro objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para lograrlo, el gobierno impulsará «campañas de sensibilización social» con un mensaje claro: los servicios públicos funcionan gracias a los impuestos. Además, quiere fomentar el pago reduciendo las cargas administrativas, con la creación de un certificado único que acreditará que el contribuyente está al corriente de sus obligaciones tributarias y en materia de seguridad social.

La vicepresidenta detalló que entre 2005 y 2009 el Ejecutivo ha impulsado iniciativas con el mismo objetivo, que permitieron recaudar 35.500 millones de euros, resultados que calificó de «excelentes».