Acuerdos sin pactos

Tras la primera jornada de negociaciones formales para el logro de un pacto anticrisis entre la comisión gubernamental presidida por Salgado y los representantes de los partidos políticos, comienza a perfilarse la estrategia de las partes: el principal partido de la oposición no está dispuesto a corresponsabilizarse con el Gobierno en la gestión de la recesión, lo cual es lógico, pero sí en cambio acepta secundar, política y legislativamente, aquellas medidas concretas, obvias en su mayor parte, que faciliten la recuperación de la economía. No habrá, pues, pacto de Estado ni pacto global pero sí, probablemente, el Gobierno podrá contar con el respaldo del PP, de CiU y de otras minorías en el impulso a determinadas propuestas: estímulos a la rehabilitación de edificios, nueva línea del ICO, reestructuración del sistema financiero, reducción de la morosidad, etc. La discrepancia más controvertida, la subida o no del IVA a mediados de ejercicio, ha pasado, parece, a segundo plano, lo cual es lógico ya que tanto el fin de los estímulos fiscales como el comienzo del ajuste necesario para ir reduciendo el déficit público dependerán de la evolución de la coyuntura, es decir, de que la economía comience a despegar o siga necesitando muletas todavía. De hecho, toda la UE está preparando una revisión al alza de la presión fiscal para regresar al pacto de estabilidad pero tales medidas ya no son propiamente ideológicas sino que se relacionan con la necesidad de cumplir con Bruselas y de devolver solvencia al euro. Los acuerdos que se obtengan, aunque sean parciales y limitados, tendrán sin duda un benéfico efecto psicológico sobre la confianza de los agentes económicos y sobre la demanda. Y no deberían impedir que, ya con más calma, las fuerzas políticas debatieran y acordaran acto seguido la llamada estrategia de economía sostenible, que con éste o con otro nombre ha de versar sobre la reforma del patrón de crecimiento que nos devuelva a la senda de la prosperidad. Se trata, en fin, de avanzar hacia la conquista de la competitividad, de implementar nuevas actividades de alto valor añadido y de superar el déficit que representa para nuestro modelo económico el hundimiento, en buena parte irreversible, de la construcción residencial.