Una testigo protegida acusa a los Galán de captar chicas en Nigeria

No fueron sólo dos las mujeres que prestaron ayer declaración en los juzgados de Chiclana como en principio estaba previsto, sino cinco las prostitutas que aceptaron ser interrogadas por la ahora jueza de Instrucción del 'caso Toscana'. Y es que la investigación ha regresado al órgano judicial nº 1, donde arrancaron las pesquisas en abril del año pasado. La baja de su titular impidió que los detenidos fueran interrogados por ella tras su arresto. Sin embargo esa vacante temporal ha sido cubierta por una juez sustituta quien ha tomado las riendas de la operación.

Las testigos, que han continuado ejerciendo en un club de alterne de Algeciras tras el precinto de los locales de la familia Galán, confirmaron que las chicas se enfrentaban a sanciones si no cumplían con su trabajo. Una irregularidad que ya ha sido apuntada por anteriores testimonios que obran ya en el procedimiento.

En concreto, una de las chicas que testificó ayer ante la jueza aseguró haber sido sancionada en una ocasión por no bajar a la sala a alternar con los clientes. La multa consistió en descontarle 50 euros -coste diario de la habitación- de los ingresos que obtenía por los servicios sexuales. Otra compañera de profesión, según consta en su declaración, dijo que en los locales había un tablón donde se advertían de las multas, pero que en su caso nunca vio cómo se aplicaban.

La tienda de Rocío

Ésa fue la parte más comprometedora para los intereses de los Galán, ya que el resto de interrogatorios siguieron en la línea de los anteriores, negando las cuestiones más peliagudas como si habían sido forzadas. La jueza y el fiscal insistieron con sus preguntas sobre algunos de los indicios que se habían recabado a lo largo de las pesquisas como la posible obligación impuesta a las mujeres a vestir determinada ropa o a adquirirla en la tienda de Rocío Galán, pero sólo una respondió que había comprado unas prendas, pero que nadie la había forzado.

Sobre las razones que las había llevado a colaborar con la Justicia, una de las chicas dijo haber sido informada por la Guardia Civil de que debía comparecer en los juzgados, sino se enfrentaba a una multa de 5.000 euros. De haberse producido esa escena, entra dentro de la normalidad ya que la Ley obliga a los testigos a prestar declaración.

Con estas nuevas declaraciones, la investigación sigue teniendo como principal prueba testifical la información aportada por una ex empleada del clan jerezano, que trabajó hace unos ocho años en uno de los locales de alterne de la familia y sobre la que ha girado buena parte de las indagaciones policiales. Este periódico ha tenido acceso a más documentación relativa a las duras aseveraciones que realizó ante el juez instructor. Y así ha podido saber que relató una conversación que mantuvo con su antigua jefa, Isabel Aguilar -pareja de Juan Galán- en la que le comentaba que iba a viajar a Nigeria a captar chicas para los negocios. Al concluir los interrogatorios, el juez situó «de manera indiciaria» a Isabel en las funciones de reclutamiento de prostitutas. En este escalón de la supuesta organización delictiva, otro imputado, Reinaldo A. T., es presuntamente el responsable, según el auto judicial, de la captación «a gran escala». La defensa de Isabel Aguilar, representada por los letrados José Luis Tellado y Alberto Domínguez, aseguró ayer a este medio que su clienta «jamás ha viajado al país africano» y que lo puede demostrar a través de su pasaporte.

La Guardia Civil ha localizado más testimonios que serán oídos mañana. Además, la semana que viene está prevista la práctica de una prueba preconstituida, que como ya se hiciera con las primeras testigos protegidas, consiste en recabar un testimonio con las garantías legales suficientes para que no sea necesario repetir el testimonio cuando llegue la vista oral.