Más críticas que apoyos a la reforma del Código Penal

El Congreso comenzará a debatir la semana próxima la reforma del Código Penal sin que el Gobierno cuente aún con apoyos parlamentarios sufientes para sacar adelante su proyecto.

El Ministerio de Justicia, el promotor del proyecto que aspira a cambiar casi 150 artículos de la ley, mantiene contactos con los distintos grupos parlamentarios desde hace semanas, pero por el momento no ha logrado el acuerdo ni con uno de ellos.

La reforma propone que los asesinatos terroristas nunca prescriban, mejora la persecución del terrorismo yihadista, introduce nuevos delitos, endurece las penas contra los agresores sexuales a menores y los casos de corrupción, e impone la libertad vigilada para terroristas, violadores y otros delincuentes peligrosos y con difícil pronóstico de reinserción social, entre otras novedades.

La aprobación de la reforma, por ser una ley de carácter orgánico, requiere en la votación final de la mayoría absoluta de la cámara (176 votos), lo que obliga a los socialistas a sumar el respaldo de un mínimo de siete diputados. No obstante, el Gobierno, dada la trascendencia de la norma, aspira a reformarla sino por consenso de la cámara con el apoyo de una amplia mayoría.

El proyecto gubernamental deberá pasar su primer filtro el próximo 11 de marzo, cuando el pleno decidirá si inicia su tramitación parlamentaria o si se lo devuelve al Ejecutivo. Los dos principales grupos de la izquierda (ERC y IU-IPC) y el PNV tienen previsto defender enmiendas a la totalidad de la ley, por lo que pedirán la devolución al Gobierno. Sus críticas al proyecto son diversas, pero tienen como punto en común considerarlo una reforma «regresiva», que busca un notable endurecimiento de las penas y de los periodos de estancia en prisión cuando argumentan que España ya tiene una de las leyes más represivas de Europa, que duplica la población reclusa de otros países, pese a que registra uno de los índices de delincuencia más bajos. Los independentistas catalanes creen que la nueva vuelta de tuerca sólo se debe «al calor de las encuestas y la presión del PP».

CiU es menos dura en sus críticas, pero también pone numerosas pegas al proyecto, de forma especial con su reclamación de que se endurezcan las penas para quienes cometen faltas contra la propiedad de forma reiterada.

La postura del PP es diametralmente opuesta a las de izquierda y PNV, porque considera que los cambios legales propuestos son todavía demasiado suaves para los terroristas, los agresores sexuales, los delincuentes violentos y los pequeños delincuentes multireincidentes, y porque hay que tomar más medidas para generalizar el cumplimiento íntegro de las penas. De hecho, mantienen su empeño en encontrar un encaje legal en la Constitución que permita implantar en España la cadena perpetua, una medida que rechaza el resto de partidos.

La posible abstención de CiU y quizás también del PP en el debate de totalidad del proyecto de ley sería suficiente para que el grupo socialista, con sus propios votos, rechazase los tres vetos e iniciase la discusión de la norma en comisión. También es posible que, antes de la discusión, las conversaciones entre los grupos y el ministerio avancen y retiren alguna de las enmiendas de devolución.

Antes de que se celebre el debate en el pleno, el 9 de febrero, está previsto que se cierre el plazo para la presentación de las enmiendas al articulado del proyecto. Todos los grupos ya han anunciado el registro de varios centenares.