Rigor frente a interés

Las muestras de descoordinación y discrepancia internas que viene ofreciendo el Gobierno en materia económica son demasiado relevantes como para que sus responsables traten de achacarlos a algún despiste casual. Tanto las consideraciones sobre la reforma del sistema de pensiones remitidas a Bruselas y luego corregidas, como el anuncio desmentido de que el Ejecutivo se disponía a revisar el incremento salarial acordado para los funcionarios, demuestran que los criterios de rigor en materia económica colisionan una y otra vez con las prioridades políticas que inspiran la acción del presidente Rodríguez Zapatero. Cabe recordar que la composición actual del Gobierno es fruto de una remodelación provocada hace casi un año por esa misma contradicción; cuando la vicepresidencia de Pedro Solbes pasó a manos de Elena Salgado. En las últimas semanas el Ejecutivo socialista ha mostrado dos caras: una tratando de defender la solvencia española ante los mercados internacionales, y la otra intentando apaciguar los ánimos sindicales. El problema es que esa dualidad resulta insostenible porque conduce a eludir las responsabilidades de gobierno. Además, junto a las mencionadas muestras de discrepancia se observan carencias de sintonía personal o, lo que es peor, afloran jerarquías paralelas a las oficiales del Gobierno. La situación en la que han podido quedar la vicepresidenta Fernández de la Vega y el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, tras los últimos designios del presidente se parece demasiado a un desaire institucional como para que pase desapercibida. Todo ello responde a la manera en la que Rodríguez Zapatero ejerce la presidencia del Gobierno y el liderazgo en el PSOE, estableciendo tal abismo entre su figura y el equipo humano que le rodea que condena a sus integrantes a una enorme inseguridad en el ejercicio de sus funciones. A España ya sólo le queda un cuatrimestre de presidencia de la UE, y la descoordinación interna del Gobierno está afectando muy seriamente a nuestra credibilidad como país en Europa. Del mismo modo, las desavenencias en el Ejecutivo impiden que ejerza la dirección que le corresponde respecto a la administración autonómica y a la local cuando, como ayer mismo recordaba el consejero de economía catalán, Ántoni Castells, si el Estado en su conjunto acumula un 11,4% de déficit, el 9,5% corresponde al Gobierno central.