La CNC ya ha impuesto una sanción y está a punto de fallar en un segundo caso

El detonante que marcó el inicio de la complicada relación entre la Comisión Nacional de la Competencia y el Marco de Jerez fue la denuncia que la bodega sanluqueña Caydsa y el Grupo Garvey hicieron a este organismo público por la fijación de un cupo de ventas de vino discriminado para las bodegas.

Por ese acuerdo las dos empresas (en el caso de Caydsa respaldada por COAG Cádiz) decidieron pedir amparo a la CNC, que inició el expediente sancionador en enero de 2008, y que justo 18 meses después, en junio de 2009, se resolvió con un fallo a favor de los denunciantes y en contra de los intereses del Consejo Regulador del jerez.

En este caso, la CNC responsabilizó al organismo presidido por Jorge Pascual, en cuyo Pleno se aprobó esta medida, de «prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia». El dictamen de Competencia no dejaba lugar a dudas, y no sólo pedía la anulación del acuerdo del polémico cupo de ventas, sino que además imponía una multa al Consejo Regulador de 400.000 euros (66,5 millones de pesetas).

La resolución del expediente también alertaba al Consejo -y a sus actores- de que se abstuvieran en el futuro de llegar a acuerdos en el sector o aprobar cupos de ventas similares al anulado, que salió adelante en los primeros meses de 2007 y contó con el voto en contra de los vocales de COAG.

La segunda vez que la CNC se hizo notar en el Marco ya no hizo falta una denuncia, porque el organismo actuó de oficio, como ha hecho de nuevo en esta tercera ocasión. En ese caso fue en julio de 2008 cuando un equipo de la Dirección de Investigación llevó a cabo inspecciones en distintas empresas del sector del vino fino de Jerez, así como en Fedejerez, «bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en este sector consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas de reparto de mercado y fijación de precios».

Las primeras imputadas fueron las bodegas Williams & Humbert, González Byass, Emilio Lustau, Complejo Bodeguero Bellavista S.L.U. y Zoilo Ruiz Mateos, Bodegas José Estévez, Bodegas Antonio Barbadillo y la federación de bodegas. Después se amplió el expediente contra Caydsa, Bodegas J. Ferris y Bodegas Pedro Romero, así como contra el Consejo Regulador.

El objeto de las inspecciones fue verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de la empresas implicadas que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia consistentes en acuerdos para el reparto del mercado y la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, así como verificar, igualmente, que los citados acuerdos se han llevado a la práctica.

A estas alturas ya se han cumplido los 18 meses de plazo de la instrucción, y el fallo es inminente.