Hacienda cuestiona el compromiso de De la Vega de subir el sueldo a los funcionarios

El poder adquisitivo de los 2,7 millones de empleados públicos está garantizado hasta 2012 (inclusive) por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, según afirmaron ayer tajantemente dirigentes de CC OO, UGT y CSIF, quienes instaron al Ejecutivo a mantener «una sola voz» ante la ciudadanía. «Lo que firma una vicepresidenta no puede ser cambiado por un secretario de Estado», apuntó Enrique Fossoul, dirigente de Comisiones.

La reacción sindical se produjo ante las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, encaminadas a reabrir el acuerdo suscrito entre el Gobierno y sindicatos el pasado 25 de septiembre. El pacto suscrito mantiene el poder adquisitivo de los empleados públicos durante la presente legislatura.

En resumen, el acuerdo alcanzado fija para 2010 un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que ha costado 50 millones de euros. Los incrementos de 2011 y 2012 se negociarán entre los firmantes del documento, en función de la evolución presupuestaria, del IPC, de la previsión de crecimiento económico, la capacidad de las cuentas del Estado y la valoración de la productividad.

La capacidad de compra quedó garantizada por las cláusulas establecidas, que reflejan que el 1 de enero de 2012 se ajustarán los posibles desvíos entre la subida inicial y el aumento de los precios de los dos años anteriores. La revalorización de 2012 tendrá lugar al ejercicio siguiente.

Ocaña apuntó que el Ejecutivo ha previsto una reducción del 4% en el volumen total de retribuciones de los funcionarios, mediante el ajuste de la tasa de reposición y del incremento salarial. El 'ahorro' previsto forma parte del plan de austeridad que aplicará Hacienda desde 2010 hasta 2013. El secretario de Estado se mostró partidario de respetar el incremento del 0,3% de 2010, pero de sus palabras se desprende que la congelación salarial planea sobre los empleados públicos para los dos ejercicios siguientes.

Encaje difícil

Economía reconoce que el mensaje de Ocaña está en sintonía con las recomendaciones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, esta corporación -brazo industrial del Estado- admite que se enfrenta a un problema, porque no es fácil encajar el acuerdo de los empleados públicos con el objetivo de ahorrar 50.000 millones de euros en tres años para devolver el déficit al límite del 3% que impone la Unión Europea.

Los portavoces de las tres organizaciones sindicales mantuvieron recientemente una reunión con Fernández de la Vega, quien -a su juicio- les garantizó el cumplimiento del acuerdo. Además, la vicepresidenta se comprometió a explicar públicamente la situación y disipar dudas e incertidumbres el día 2 de marzo en el Congreso de los Diputados.

Para Julio Lacuerda, de UGT, las declaraciones de Ocaña suponen «un torpedo a las cláusulas de revisión», fórmulas que, en su día, fueron «prodigadas por el propio presidente Rodríguez Zapatero». Domingo Fernández, presidente de CSIF, aseguró que su organización «está muy tranquila» porque la vicepresidenta «lo va a respetar y jamás nos ha dicho que no se vaya a cumplir». Fossoul añadió que no tiene sentido la objeción mostrada por Ocaña, porque en septiembre, cuando se firmó el acuerdo, «ya se conocían las cifras macroeconómica, o al menos a nosotros nos las adelantaron».

Con respecto a la tasa de reposición, el pacto recoge que en 2010, por cada cien bajas que se den solo se repondrán 15. El límite no afectará a los servicios esenciales de la comunidad.

Los tres sindicalistas coincidieron en señalar que el porcentaje final se negociará en la Mesa General de la Función Pública, único foro adecuado para el entendimiento. «Ya veremos la propuesta que nos hacen», dijo Fossoul. «Nosotros estamos dispuestos a hablar con quien haga falta para aclarar la situación», comentó Fernández. Lacuerda, muy crítico, instó al Ejecutivo a prescindir de «las plazas que se presupuestan y nunca se cubren». Este dinero sirve para «pagar productividad de altos cargos y otros gastos similares», denunció. «No es razonable recortar otros empleos públicos que necesita la sociedad», concluyó.