Cuatro arquitectos y un director de banco, en una trama de casas ilegales

Un promotor inmobiliario, cuatro arquitectos y el director de una sucursal bancaria... Así, hasta 28 personas se han visto involucradas en la enésima operación policial contra la construcción viviendas ilegales en la provincia, que ha destapado una nueva trama de legalización de casas con certificados falsos de construcción.

La 'operación Juncal', como se ha bautizado esta última actuación, fue dada a conocer ayer por la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, y se ha centrado en 14 chalés de la zona de los Desmontados de El Puerto, que supuestamente fueron escriturados e hipotecados con este tipo de documentos falsos. A diferencia de otros casos similares, el juez instructor número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, ha incluido en las diligencias de esta operación, no sólo la escritura fraudulenta de las viviendas, sino también la supuesta contratación de varias hipotecas con documentos falsos. Un delito de estafa bancaria en el que también se ha visto implicado el antiguo director de la sucursal del banco Sabadell Atlántico de El Puerto, que supuestamente concedió los créditos para los chalés de los Desmontados a sabiendas de que sus escrituras eran irregulares.

Los créditos hipotecarios -por valor de un 1,2 millón de euros- fueron contratados por cuatro personas distintas, aunque según la investigación actuaban como testaferros de un solo beneficiario en la sombra: la promotora Los Viñazos, que compró los terrenos no urbanizables y construyó los chalés en los Desmontados.

Cuentas sospechosas

Los supuestos 'hombres de paja' dejaron de pagar siete de los créditos, por lo que el banco se enfrentó a una deuda de al menos 800.000 euros. La entidad sólo pudo liquidar una de las hipotecas. En la investigación de esta estafa ha colaborado la Udyco III de la comandancia de Cádiz de la Policía Nacional, especializada en delitos económicos. El dueño de los Viñazos, F. D. M., fue detenido por la Policía la semana pasada junto a un jefe de obra (cuya identidad no ha sido facilitada) y el arquitecto Joaquín Palli Selga, uno de los nombres habituales en este tipo de operaciones por vivienda ilegal. Los tres son considerados los principales imputados en la trama urbanística, y se les imputa incluso un delito de asociación ilícita. El juez López Marchena, sin embargo, los puso en libertad con cargos. Según fuentes de la investigación, Palli Selga era quien firmó los informes de obra nueva falsos, con los que certificaba que los chalés contaban con más de cinco años, cuando, en algunos casos, ni siquiera se habían construido todavía. Los hechos se cometieron en 2002. Al hacer pasar los chalés por antiguos, el delito urbanístico prescribe, permitiendo así escriturar las fincas sin problemas.

Los informes de obra nueva no eran los únicos documentos falsificados por la trama. De hecho, tres arquitectos más están imputados por realizar tasaciones infladas, de cara a obtener mayores créditos hipotecarios. El engaño de la trama llegaba al punto de alquilar en precario a varias familias para que ocupasen las viviendas, alargando así un posible proceso de derribo. El juez ha extendido la investigación hasta los propios inquilinos, a los que imputa el uso del suministro eléctrico público y la desobediencia a la policía, ya que en 2005 rompieron los precintos que se impusieron a las casas.