Intromisión política

La dimisión del vocal Gómez Benítez como miembro de la comisión del CGPJ encargada de evaluar los nombramientos de los jueces para altos cargos institucionales ha destapado el malestar existente en la carrera judicial por la politización de las designaciones y el control sobre las mismas por las asociaciones profesionales. El actual bloqueo de vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia, País Vasco y Cantabria y el incremento de los recursos ante el Tribunal Supremo contra algunos nombramientos por falta de mérito, reflejan una situación en la que parece estar imponiéndose el peso de las cuotas asociativas o partidarias por encima de las capacidades profesionales. El CGPJ ha anunciado una política de transparencia en el proceso de nombramientos para disipar las dudas sobre una justicia subordinada al Ejecutivo, pero el prestigio de uno de los poderes esenciales del Estado democrático requiere gestos más categóricos de afirmación de la independencia judicial. En esta tarea es decisiva la cooperación de Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura despojándose del lastre partidista que ha acabado cuestionando su prestigio profesional.