El juez envía a los jefes del clan Galán a prisión para proteger a las prostitutas que denunciaron

Era la mejor baza de la Guardia Civil y a la hora de la verdad se ha demostrado porque esos testimonios han terminado por inclinar una balanza cuyo resultado no estaba del todo claro. Las cuatro mujeres que han decidido declarar en contra de los Galán y que se han convertido en testigos protegidos del 'caso Toscana' arrojaron suficientes indicios para el juez instructor. Estas sospechas apuntan a que las prostitutas de los seis clubes de alterne que regenta esta familia jerezana, no son prostitutas que libremente ejercían su trabajo como clientas de unos hoteles que tienen en el sexo su fuente de negocio. Las jornadas de 12 horas ininterrumpidas, la obligatoriedad de avisar cada vez que salían del establecimiento o el control sobre los ingresos que percibían por cada servicio son indicios de que las mujeres estaban sometidas a determinadas coacciones que están fuera de cualquier relación laboral, según el instructor.

De la situación que denuncian estas mujeres, el juez del nº 5 de Chiclana responsabiliza al cabecilla de la familia y dueño de la cadena hotelera Galantería que aglutina los seis burdeles, Juan Luis Galán; a su hijo y mano derecha en los negocios, el torero Juan Pedro Galán; y a cuatro encargados de los clubes de alterne. En esta cúpula de la organización delictiva -a priori se mantiene la imputación de que conformaban una asociación ilícita- se incluye también el administrador, José Luis T. F. Todos ellos fueron enviados a prisión sin posibilidad de fianza en la madrugada de ayer. Si bien, es muy probable que el mayor de todos ellos, Juan Galán, que ya ha cumplido 71 años, regrese a su casa en los próximos días. Presenta varias dolencias que serán argumentadas mediante partes médicos por sus abogados para que en lugar de la cárcel esté bajo arresto domiciliario. Por ahora, el instructor ha atendido parte de esa demanda y el empresario no fue enviado a una celda común sino a la enfermería de Puerto III.

Más riesgo

De esta primera decisión del instructor llama la atención que las féminas del clan Galán, Rocío y la segunda esposa de su padre, Isabel Aguilar, sí estén en libertad aunque de forma provisional y con la condición de que paguen una fianza de 100.000 euros cada una antes del miércoles. La Guardia Civil las sitúa en el mismo nivel jerárquico como integrantes de la familia. Sin embargo, tanto el juez como el fiscal ven en ellas un riesgo menor de destrucción de pruebas. Y es que la posibilidad de que los otros siete implicados puedan contactar con las prostitutas rebeldes y presionarlas para que cambien sus declaraciones ha sido el argumento de peso que les ha llevado a prisión.

Para el resto de detenidos, el juez ha impuesto fianzas de 10.000 y 15.000 euros. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público el nivel de responsabilidad que tendrían estos imputados en cómo trabajaban las mujeres sería menor. Y sería casi inexistente para los dos trabajadores de la familia que han quedado en libertad con cargos: un camarero y el encargado de la finca El Toro. En cuanto al delito de blanqueo, la otra pata de esta investigación, el instructor sólo mantiene la imputación para los Galán, excluyendo al resto de las sospechas de enjuague de ganancias del que se beneficiaría exclusivamente la familia.

Ninguno de ellos ha negado ante el juez la obviedad de que en sus locales se ejercía la prostitución, pero con el matiz de que ninguna de las mujeres era obligada ni maltratada. Los Galán aseguraron que las chicas obtenían el dinero de la siguiente forma: cada una pagaba 50 euros al día por la habitación. Del primer pase (servicio sexual con un cliente) se le descontaba 25 euros y del segundo otros 25. Del resto de contactos que tuvieran con la clientela se quedaban con todo el dinero.

Para contrarrestar la declaración de los testigos protegidos, el juez también oyó a otras tres prostitutas propuestas por las defensas que negaron cualquier coacción en su trabajo. Pero no consiguieron inclinar la balanza.