Servicios prestados

Ahora que Baltasar Garzón ha vuelto a su espacio natural en las portadas de los diarios y debería estar radiante sumando puntos en la cartilla de candidato a presidente del Tribunal Penal Internacional las cosas se han torcido. Su móvil está a punto de fundirse mientras recluta a sus amigos juristas por todo el mundo en un intento, escasamente correcto, de crear un clima mediático favorable que pueda contrarrestar la sombra de la suspensión y el banquillo. En el fondo del escenario, en que aparece el juez que muchas madrugadas se sacudía el relente de las calles del País Vasco vigilando redadas de terroristas en un arriesgado auxilio a la democracia, y salía al alba en los telediarios, se empieza a perfilar la paradoja moral. ¿Sería social, política y jurídicamente admisible condenar a un juez de la Audiencia Nacional que tantos servicios ha prestado a la comunidad? Aunque, ¿sería honesto aceptar como premisa que esos servicios constituyen una causa supralegal no escrita de exclusión de las responsabilidades derivadas de su actividad como magistrado? No existe respuesta oficial. Pero los hechos reflejan que un movimiento compuesto de varias fuerzas tractoras está en marcha para salvar al soldado Baltasar. Solo el histórico procesamiento y juicio a Javier Gómez de Liaño guarda algún paralelismo en la magnitud de las fuerzas enfrentadas y togas cruzadas con un simple juez en medio del campo de batalla.

Un juez de cuya suerte dependen algunas cruzadas, el vuelo de una pluma de faisán, el sueño eterno de los generales golpistas, la memoria de una negociación con ETA que reventó todo el castillo de arena en el hormigón de la Terminal número cuatro de Barajas. Un juez que en medio del chapapote de la secular siesta judicial emerge como el ave fénix justiciero sin descanso ni fines de semana. Pero que en sus ratos libres cobra en torno a cien mil euros la conferencia, tutea a algún banquero a quien tiene imputado; y se organiza con fondos privados unos cursos que le permite llevar a su hija a una de las mejores escuelas internacionales de Nueva York. Un juez que en su afán de resucitar la memoria se olvida de que Franco ha muerto y que la ley de Amnistía cerró el círculo de la guerra civil. Y que tiene pendiente una querella que le señala como responsable de que alguien introdujese micrófonos en el locutorio de la prisión donde el presunto se confiesa a su abogado. Con estos cargos no es probable que un oscuro juez del Cono Sur hubiera convocado a Del Ponte, Zaffaroni, Guzmán o García Ramírez, reconocidos jueces activistas contra la impunidad. Estos días arranca la gran partida de ajedrez con movimientos y aperturas para ir situando las piezas para el combate. Pero al final el juez «rey mago» como le llaman en los pasillos de la Audiencia Nacional afrontará en solitario la respuesta a la paradoja moral: ¿dónde está el límite para agradecer los servicios prestados?