La Junta dice que no renunciará a los planes previstos para Las Aletas

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, compareció ayer en la comisión de Empleo del Parlamento andaluz para exponer la situación jurídica del proyecto de las Aletas tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el acuerdo del Consejo de Ministros referido a la declaración de la reserva de 287 hectáreas de dominio público marítimo terrestre, pero no del resto hasta las 525 hectáreas con que cuenta dicho recinto. Según el consejero, el informe de la Abogacía del Estado concluye que la sentencia del Tribunal Supremo sólo tiene efecto sobre esas 287 hectáreas y «deja libre y sin problemas jurídicos» las restantes 240 hectáreas (120 se dedicarán a recuperación medioambiental y el resto a otros usos y actividades).

Fernández ha insistido en que el dictamen de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Supremo confirma la viabilidad del proyecto industrial de las Aletas y ha reafirmado la voluntad del consorcio de desarrollar las 525 hectáreas con las «adaptaciones derivadas de sentencia» sobre usos, ubicación y horizonte temporal y con las garantías jurídicas necesarias. «No vamos a renunciar a que toda la actividad prevista en las Aletas , y que fue motivo de un acuerdo unánime -de todos los grupos políticos, se deje de hacer, y se hará en un período razonable con todas las garantías jurídicas», ha afirmado el consejero. No obstante, no dio plazos para desarrollar todo el proyecto de las Aletas porque dependerá de las modificaciones normativas que haya que hacer y de la reubicación de usos «para no perder ninguno», algo que analizará la rectora del consorcio el 19 de febrero.

El representante de IU Ignacio García y el portavoz del PP José Loaiza coincidieron en que es necesario que el proyecto de Las Aletas arranque cuanto antes para generar actividad económica que pueda hacer frente al alto desempleo de la provincia de Cádiz. Asimismo, han denunciado el retraso que lleva acumulado dicho proyecto y han pedido claridad e información al consejero.

El representante del Partido Popular dejó claro que, a pesar de los problemas jurídicos del proyecto, defenderá la idoneidad de su ubicación actual y que se haga ya «si no cuesta dinero al erario público».