Garzón busca apoyo en la Audiencia Nacional para evitar ser procesado

La última carta de Baltasar Garzón antes de su previsible procesamiento es un órdago en toda regla al Supremo. La Sala de lo Penal del alto tribunal tendrá que resolver las peticiones formuladas por el juez en su recurso contra el auto del magistrado Luciano Varela, que ve indicios razonables de que prevaricó en la causa que abrió para investigar los crímenes del franquismo, lo que conllevaría su suspensión temporal de la carrera judicial. En su defensa, Garzón pide a la Sala que admita varias pruebas testificales para probar su inocencia, entre ellas la de tres magistrados y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Reclama, además, que testifiquen varios jueces y juristas de prestigio internacional.

La estrategia de Garzón en el recurso de apelación que ayer presentó su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, va encaminada a ganar tiempo y llenarse de argumentos que rebatan su imputación por presunta prevaricación. Y ahí, su envite al Tribunal Supremo es considerable. Solicita a la Sala de lo Penal que practique nuevas diligencias de instrucción y sostiene que el auto que le sitúa al borde del banquillo de los acusados es «insostenible», «incomprensible», «selectivo», «parcial» y «sin fundamento jurídico».

El titular del Juzgado de Instrucción número cinco busca asimismo el apoyo de sus compañeros de la Audiencia Nacional y pide al Supremo que acepte la declaración testifical de tres magistrados de la Sala Penal: José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel, y la del fiscal jefe, Javier Zaragoza, con el que tuvo sus más y sus menos durante la instrucción de la causa del franquismo.

A los primeros para que validen la defensa jurídica que en su momento hicieron de la causa abierta por Garzón para investigar los crímenes del franquismo; al segundo para aclarar una de las tesis del auto de Varela, en la que aseguraba que el rechazo de Zaragoza a la instrucción del juez era un indicio de presunta prevaricación.

Pero Garzón no se queda ahí e intenta desmontar la acusación del instructor del Supremo con más testigos. Pide la declaración de los letrados que presentaron ante su juzgado la denuncia por las desapariciones de la Guerra Civil y la postguerra, José Garcés y Fernando Magán; del ex fiscal y jurista Carlos Jiménez Villarejo, por ser miembro del grupo de expertos que participó en la investigación de Garzón; o Ricard Vinyes, víctima que aportó documentación referida a secuestros de niños en el franquismo.

Pruebas

Uno de los argumentos más contundentes contra Garzón residía en la idea de que abrió una causa a sabiendas de que los delitos habían prescrito, de que la Ley de Amnistía de 1977 eludía la responsabilidad penal de sus autores y que, en cualquier caso, la Audiencia Nacional no era competente para investigarlos al no tratarse de crímenes contra la humanidad y, por tanto, la potestad era de los juzgados ordinarios de donde se produjeron las desapariciones forzosas.

Como prueba de que la instrucción de Garzón no fue «irracional, extravagante ni inusual», el juez convoca a magistrados y juristas de relevancia internacional para que defiendan el carácter universal de los delitos perseguidos. Llama a declarar, entre otros, a la italiana Carla del Ponte, antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional; al argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro del Tribunal Supremo de su país, que declaró la nulidad de las leyes de amnistía contra responsables de la dictadura de Videla; o al ex juez chileno Juan Guzmán, quien abrió la causa contra altos cargos de la dictadura de Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres de represaliados.

Garzón considera que estas pruebas justificarían que su comportamiento no fue prevaricador y rechaza el argumento de que haya actuado «conscientemente» con el único objetivo de eludir la Ley de Memoria Histórica y controlar la realización de exhumaciones. «No es razonable pensar que ha existido una prevaricación que no han visto ni la Fiscalía ni los 17 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni el Consejo General del Poder Judicial, pero que no ha pasado desapercibida a Manos Limpias y a Falange (.), cuyo criterio jurídico será más acertado que el de todos aquéllos», señala con un punto de ironía.

La decisión de admitir o rechazar el recurso de Garzón queda ahora en manos de la Sala Penal del Supremo, compuesta por los mismos magistrados que admitieron a trámite la querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias en mayo pasado y después aceptaron la personación de la Falange.