Denuncian la expulsión exprés de diez subsaharianos en Cádiz

'El pecado de ser africano en Madrid'. O en Cádiz. Una nueva oleada de persecución hacia los inmigrantes mantiene enfrentados al Ministerio de Interior y a los sindicatos policiales. También a las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos, que ya han lamentado el «oscurantismo» con el que el gabinete liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado legalidad a una circular en la que se insta a practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes 'sin papeles' y en la que promueve con el tiempo mínimo imprescindible y por el procedimiento preferente la expulsión de los irregulares interceptados en la vía pública.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDH) se sumó ayer a esta denuncia tras constatar que al menos una decena de inmigrantes subsaharianos residentes en Cádiz y en Jerez han sido arrestados en plena calle y enviados al centro de internamiento de Algeciras, como parada previa a su expulsión del país.

Centro de internamiento

Su coordinador, Rafael Lara, ha condenado estas acciones habida cuenta de que las detenciones se están basando única y exclusivamente en criterios raciales. La circular ha sido tildada de «poco acorde con la Constitución», por oposición, policías y abogados españoles. Al igual que APDH, que entiende que se ha hecho general una excepción de la Ley de Extranjería y que provoca la «criminalización» del inmigrante.

Con la circular se elimina la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento ordinario, consistente en la comprobación del arraigo del inmigrante sin tener que internarlo en un centro. «El procedimiento ordinario evitaría que muchas personas sufrieran las precariedades de los centros de internamiento», denunció Bouza.

Esa es la situación en la que están al menos ocho inmigrantes que viven en la provincia, aunque según APDH son muchos más. Para evitar su indefensión jurídica, la organización ha facilitado tarjetas identificativas a los inmigrantes para que la muestren cuando sean interceptados por los agentes policiales -en la vía y en las estaciones de tren, sobre todo-, de manera que haya constancia de que hay alguien que los asiste. Además, ha insistido en que pedirán a Subdelegación del Gobierno y al comisario jefe que «cumplan» con la verdadera legislación vigente.