Los letrados que se querellaron contra Garzón piden de nuevo que se le suspenda

Los abogados que interpusieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York volvieron a pedir ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le suspenda cautelarmente «a la mayor urgencia posible». En la solicitud remitida al órgano de gobierno de los jueces, los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón reiteran que el Tribunal Supremo ya tramita dos querellas contra Garzón (la otra es por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo).

Según explican, el auto dictado la semana pasada por el magistrado del Supremo Luciano Varela, en el que rechaza archivar la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional por prevaricación por investigar las citadas desapariciones, «no deja otra posibilidad al CGPJ que acordar de inmediato la suspensión so pena de poder a su vez incurrir en actuaciones manifiestamente contrarias a Derecho».

Panea y Mazón ya pidieron al CGPJ que suspendiera cautelarmente a Garzón el pasado 28 de enero cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite su querella por prevaricación y cohecho contra el magistrado, con relación al dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en Nueva York en los años 2005 y 2006. En la nueva solicitud, los querellantes aseguran que «es una temeridad o actividad de alto riesgo» que los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo permitan a Garzón que siga desempeñando su cargo cuando el alto tribunal ha admitido dos querellas por delitos dolosos relativos al ejercicio de sus funciones.

Informe no vinculante

El criterio seguido hasta ahora por el Consejo es el de acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y el Ministerio Público no lo hace en ninguno de los dos casos. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en cualquier caso la Comisión Permanente, antes de resolver, siempre acuerda preguntar al fiscal si debe suspender provisionalmente de sus funciones a un determinado juez, informe que no es vinculante.

Panea y Mazón aseguran que «carece del más mínimo fundamento legal» la interpretación que está haciendo el Consejo, que sí suspendió cautelarmente al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita cuando fue admitida a trámite una querella contra él.