La dualidad del sistema de pensiones

El debate abierto sobre el futuro del sistema español de pensiones y los distintos posicionamientos habidos están condicionados por una evidencia empírica, las mentiras o medias verdades, las grandes mentiras y los datos estadísticos. Por eso podemos decir hoy que es mentira o lo que es lo mismo, una verdad a medias, que el sistema público de pensiones vaya a quebrar. También lo es que en el futuro esté garantizado.

Cuando se organiza en España el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez allá por los años cuarenta, la fecha establecida en la norma para causar derecho a la pensión de jubilación era la de 65 años. En aquel entonces la esperanza de vida no llegaba a los 60 años. La prolongación de la esperanza de vida desde entonces no ha parado de crecer hasta hoy y todos los cálculos actuariales que justificaron y fundamentaron esa edad de referencia en nuestra legislación social de los 65 años ha quedado superada por la realidad. Ahora somos más de 46 millones de españoles, con una esperanza de vida cuando nacemos de 81 años. Desde el año 1981 a 2009 la población española mayor de 65 años supera los ocho millones. En ese mismo periodo se han perdido tres millones de jóvenes por la baja natalidad. Significa ello que hay un millón más de mayores de 65 que de jóvenes de catorce. En 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años, significando ello que habrán tres mayores de 65 por cada cinco en edad de trabajar. Ésta es la realidad sobre la que hay que abordar el problema, lo demás es música celestial, Deuteronomio incluido. A ZP se le olvidó una cosa en la interpretación de su tan escogida cita teológica: si no hay jornal, porque no hay trabajo, no hay jornalero y sin éste no hay cotización a la Seguridad Social, lo que impide que haya pensiones. A nuestro laico-light presidente se le olvidó o quizás no quiso terminar el versículo que dice, «que así no invocará al Señor contra ti, y tú no te harás responsable de un pecado». Él no quiso auto inculparse, porque él no crea las condiciones necesarias para que exista la posibilidad de «echar un jornal», que a su vez desencadena el defectuoso funcionamiento de nuestro Sistema de Seguridad Social. Observarán ustedes la actualización interpretativa de un texto tan antiguo, que realmente nos viene como anillo al dedo.

Ante la sentencia implacable de Dios nuestro Señor por los pecados que cometamos, por no crear las condiciones de vida dignas, a aquellos como yo y como casi toda la población española, que vivimos a costa de nuestro trabajo, en las condiciones exigidas en la cita del texto bíblico, sentemos las bases para idear un sistema de pensiones capaz de pervivir en un futuro a medio y largo plazo. Sobre la base del artículo 41 de la Constitución española hay que mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes, amén del carácter voluntario de la asistencia y prestaciones complementarias. Ello abre la puerta a un importante abanico de posibilidades para conformar un nuevo sistema de gestión, a la vez que posibilita reformas en su sistema financiero. El modelo a seguir debiera ser, con algunas diferencias el sistema sueco, que compagina lo público con lo privado, sobre la base de la obligatoriedad de ambos. Por lo tanto, el mencionado sistema complementario de carácter voluntario sería un tercer nivel de protección. Así, el sistema español de pensiones quedaría estratificado en tres niveles.

Primer nivel. Público y obligatorio. El sistema garantiza para todos los ciudadanos una pensión mínima de jubilación igualitaria cuando se den dos circunstancias: alcanzar la edad para causar derecho a la pensión de jubilación y que el beneficiario no se encuentre trabajando. Esta edad debe situarse entre los 67 y los 70 años. Su financiación debe realizarse con cargo al sistema impositivo, acompasado con una detracción de la cuota única de la Seguridad Social.

Segundo nivel. Público-privado y obligatorio. De base profesional, se financia con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. Una parte a gestionar por la Entidad Gestora de la Seguridad Social, que tendrá carácter mayoritario, para mantener en el tiempo el 'statu quo' actual y no perjudicar a los actuales pensionistas, pero abriendo la puerta de forma progresiva al sistema de capitalización, posibilidad consistente en que cada cotizante actual vaya constituyendo su propia cuenta de ahorro o fondo de entre los que existan y sobre los que la propia Seguridad Social acuerde, que serán lógicamente aquellos que ofrezcan más garantías. El punto óptimo de este nivel se alcanzará cuando el sistema de capitalización represente el 30% del total de este nivel.

Tercer nivel. Complementario y voluntario. Ello exigirá que los poderes públicos estimulen fiscalmente los fondos de pensiones privados, acercando este sistema de ahorro a la mayor parte de la población.

Es preciso hacer algunas puntualizaciones y reflexiones. Hemos considerado como sistema deseable el sistema sueco. Este exige a los trabajadores una cotización del 18,5%. El 16,5% financia el llamado sistema público y el 2% capitaliza el sistema privado. Hay que tener en cuenta que en la Ley de Presupuestos para el año 2010, el trabajador español por cuenta ajena financia el sistema público español con cuotas a su cargo con un 4,7% (si bien es verdad que el empresario financia el sistema con un tipo del 23,6 sobre la base). El sistema ahora planteado, tiene la ventaja de que puede trasladar parte del coste de la cuota de la cotización al sistema fiscal, que es el que debiera asumir parte de la financiación del primer nivel, por las razones ya expuestas. Ello posibilitaría a las empresas ganar en competitividad, lo que dinamizaría nuestra economía, saliendo ganando sobre todo nuestra capacidad exportadora, con los efectos beneficiosos sobre el mercado de trabajo. Esto es sólo un boceto, sólo los inmovilistas y desgraciadamente en España hay muchos, se oponen al debate. Espero que un ejemplar de este periódico llegue a Rodiezmo e ilustre a más de uno.