El expediente sancionador del alcantarillado entra en su última fase

Una sanción ejemplar. Eso es lo que se espera que se anuncie en las próximas semanas por parte del Ayuntamiento respecto a las presuntas irregularidades que cometió la UTE San Fernando -formada por Mantenimientos y Servicios Públicos Locales y Ansareo- y que se basan en la doble facturación por trabajos municipales.

El expediente sancionador abierto por el Consistorio, tras las denuncias realizadas por la oposición, se encuentra en su última fase. De hecho, según los socialistas, tan sólo falta la firma del alcalde, Manuel María de Bernardo, para la finalización del mismo y, por tanto, la comunicación de la sanción a la antigua adjudicataria, multa que se espera que sea elevada debido a que por el momento la empresa no ha realizado ninguna alegación, a pesar de que el Ayuntamiento ya le ha dado la oportunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que la cantidad supuestamente estafada asciende a los 600.000 euros.

«Si existen indicios para pedir responsabilidades penales, no nos quedaremos con los brazos cruzados y las pediremos, porque si hay sanción quiere decir que ha habido dejación en las funciones de vigilancia del cumplimiento de la plica y, por lo tanto, del contrato, lo que deriva también en responsabilidades políticas ya que tampoco hay que olvidar que se han extraviado un año entero de partes de trabajo», aseguraba el concejal socialista Fernando León.

Es por ello que los socialista ya han solicitado en el Registro Municipal una notificación para solicitarle a De Bernardo la posibilidad de que la próxima semana puedan tener acceso a la información del expediente sancionador y por tanto dirimir las responsabilidades correspondientes, si es necesario en un juzgado.

Declaraciones

Una de las partes más interesantes del informe es aquella en la que se recogen las testificaciones de los propios trabajadores de la empresa y en la que aseguran que llevaban varios años realizando tales prácticas. De hecho, la adjudicataria ya fue denunciada por otra empresa a los pocos meses de que comenzara la actividad.

Las conclusiones es otra de las secciones fundamentales del escrito ya que en ellas el juez instructor, que se trata de un funcionario municipal, expone las razones por las que se ha llegado a tal extremo y entre ellas las razones de que no se haya detectado antes esta presunta estafa realizada a través del doble pago, por parte del Ayuntamiento y también de la persona a la que se le prestaba el servicio.

Será dentro de unas semanas cuando se complete el recurso de forma que se conozca finalmente la supuesta trama al completo y se conozca la sanción que afrontará la empresa y las medidas judiciales que se tomarán al respecto.