El golpe a los controladores permitirá reducir el precio de los billetes

El golpe de mano del Gobierno en el conflicto con los controladores aéreos podría tener consecuencias inmediatas en los bolsillos de los viajeros. El Ministerio dirigido por José Blanco confía en que el real decreto ley aprobado el viernes, que entre otros, tiene el objetivo de reducir el coste que soporta Aena por el salario de los vigilantes del cielo, empuje a las aerolíneas a abaratar el precio de sus pasajes.

Así lo explicó ayer el propio Blanco, quien agradeció las muestras de apoyo a la drástica medida recibidas desde el sector turístico en su más amplio espectro. No en vano, hoteleros, agencias de viaje o compañías aéreas venían reclamando una rebaja de las tasas de navegación aérea (ligada de forma directa al salario de los controladores) para permitir un pequeño respiro al sector, que atraviesa su peor crisis.

Aena ya ha advertido de que recortará estas tasas en al menos un 15%. Lo hará de forma progresiva en un plazo aproximado de tres años. Con ello, sumado al notable ahorro en salarios consecuencia del real decreto, la empresa se ahorrará algo más de 375 millones de euros.

Captar más clientes

Pero la intención no es acabar ahí, sino continuar con el recorte para fomentar nuevas rutas o frecuencias. En buena lógica, una vez que las tasas sean más baratas, las aerolíneas deberían aprovechar para intentar captar más clientes o afianzar a los que ya tengan. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de billetes más económicos para el público.

La llegada de terceros operadores a las torres de control españolas no se demorará demasiado. La previsión de Aena es que antes de que acabe el año estén definidas las exigencias, características y condiciones que habrán de afrontar los nuevos operadores. Agentes que, en principio, pues así lo señala el real decreto, no tiene vetada ninguna instalación, incluidas las más grandes de la red, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Alicante.

Los controladores aún se lamen las heridas mientras los servicios jurídicos del sindicato mayoritario (USCA) analizan las alternativas legales para 'contraatacar'. Ayer, la minoritaria Asociación Profesional de Controladores Aéreos (APCAE) acusó al Gobierno de cargar sin remordimientos contra el ordenamiento jurídico y las garantías laborales recogidas en su convenio.