
El Consorcio de Las Aletas cumplirá la sentencia «punto por punto»
El informe de la Abogacía del Estado obliga a replantear el proyecto para garantizar su viabilidad
CÁDIZ. Actualizado: GuardarLas Aletas sí o sí. La postura del Consorcio -del que forman parte el Estado, la Junta, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Puerto Real- es tajante y hará lo que sea porque el parque tecnológico salga adelante. La sentencia del Tribunal Supremo, que paralizó las obras el pasado 19 de octubre, ha sido sólo un pequeño traspiés en el camino. Si el primer plan no es adecuado, habrá que hacer un segundo. En esas están ahora las administraciones que piensan cumplir «punto por punto» las exigencias. Al menos esa fue la conclusión de la reunión mantenida ayer en Cádiz donde se valoraron las conclusiones del informe encargado a la Abogacía del Estado.
Tras una denuncia de la asociación ecologista Adena, los jueces del Alto Tribunal encontraron en el proyecto incompatibilidades con la Ley de Costas en 287 hectáreas de Dominio Público Marítimo Terrestre, pero eso no cerro todas las puertas. La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, aclaró ayer que «se impulsará y se adaptará el proyecto para que sea viable». La intención es no generar más demora, por lo que se plantean ser escrupulosos con la sentencia.
Eso supone replantear lo que ya se ha redactado empezando por buscar nuevas ubicaciones a las actividades que puedan resultar incompatibles con la zona. El enclave en el que se pretende levantar Las Aletas tiene el condicionante de que no se puede adquirir en propiedad, sino que se trata de una concesión del Ministerio de Medio Ambiente por 30 años y es prorrogable a otros 30 más. Esto significa que una vez agotado el plazo habrá que desmontar lo construido y dejar el terreno en el estado actual.
Lázaro aclaró que se debe modificar la ubicación de las distintas actividades industriales para terminar con el papeleo. Pero antes hay que realizar una nueva reserva del Dominio Público Marítimo Terrestre, con su correspondiente estudio de impacto ambiental.
Irremediablemente, todo eso supondrá un retraso de al menos un año en la tramitación. Sin embargo, Juan Lázaro aclaró que «no es tanto como el que se piensa». Desde que el Consorcio tuvo notificación del Supremo se empezó a trabajar para evitar demoras y según dijo «ya se ha adelantado mucho de cara al futuro».