Un intento frenado por la Abogacía del Estado

El Ayuntamiento de Vic estaba dispuesto a convertirse en el primer consistorio de España en vetar el empadronamiento a los 'sin papeles', algo que hubiese afectado a todos los que no regularizasen su estancia en los tres meses siguientes a la aprobación de la medida. Pero al gobierno local (CiU, PSC y ERC) dio marcha atrás por la presión política y por un dictamen contrario de la Abogacía del Estado.