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Uno de los puntos más demandados y más complejos es la recuperación de la autoridad del profesorado. Estudios sindicales recientes hablan de un 7,4% de docentes agredidos por alumnos, y un 2% dice incluso sufrir agresiones físicas al menos una vez al mes. Las amenazas proliferan más; casi un tercio de los profesores ha sido intimidado alguna vez por sus pupilos y un 24% ha recibido insultos de los padres. Los agentes educativos estudian fórmulas para revertir este fenómeno, aunque parece improbable una ley general específica como la promovida por la Comunidad de Madrid para reconocer como 'autoridad pública' a los profesores y como 'atentados' su agresiones. El Congreso rechazó en octubre la pretensión del PP, a la espera de un pacto global.