El Supremo ve motivos para juzgar a Garzón
El instructor deja en manos de la Sala de lo Penal la decisión final de procesar al juez de la Audiencia Nacional El magistrado Varela dice que existen indicios de que prevaricó al investigar los crímenes del franquismo
MADRID. Actualizado: GuardarEl Tribunal Supremo dio ayer un nuevo paso para sentar a Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados. El alto tribunal vio motivos para juzgar al magistrado por prevaricar en la investigación sobre los crímenes del franquismo. En un auto calificado por fuentes jurídicas como «demoledor» contra Garzón, el instructor Luciano Varela rechazó su recurso para archivar la causa y dejó en manos de la Sala de lo Penal del Supremo la última palabra de abrir el juicio oral. La decisión se tomará la próxima semana y podría acarrear su suspensión temporal como juez de la Audiencia Nacional, según fuentes judiciales.
Nunca antes la carrera profesional de Garzón había estado tan cerca de irse al traste. El alambre que pisa el magistrado es cada vez más fino y el Tribunal Supremo le colocó ayer al borde del precipicio por judicializar un asunto tan mediático como sentimental como es la memoria histórica, objeto de controversia en la vida política y judicial y fuente de debate en la opinión pública.
Ocho meses después de que el alto tribunal admitiese una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias en la que acusaba a Garzón de prevaricar por investigar los crímenes del franquismo, la fase de instrucción ha llegado a su fin y es, según fuentes jurídicas, «abrumadora» en contra del juez. En un auto de 60 páginas, el magistrado Varela rechazó el sobreseimiento de la causa, como pedía la defensa de Garzón, con argumentos tan contundentes como que el juez de la Audiencia Nacional se extralimitó conscientemente en sus funciones.
El instructor del Supremo asegura que el «magistrado querellado» -como se refiere a Garzón a lo largo del auto- era consciente de que carecía de competencia, de que los hechos investigados no tenían relevancia penal y de que su voluntad fue asumir en la jurisdicción funciones que eran potestad de las administraciones públicas en materia de localización e identificación de víctimas. Es decir, que Garzón tuvo como «único objeto real» controlar las exhumaciones, además de «ignorar u orillar» de forma voluntaria que los altos cargos del franquismo habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas.
Pero el magistrado del Supremo no se queda ahí. Defiende que los «móviles altruistas» usados por Garzón, «como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de familiares de las víctimas de los horrendos crímenes», no exime, ni siquiera atenúan la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido. Dicho de otro modo, que no es válido el argumento de Garzón de que abrió una investigación para proteger a los familiares de los más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
«Contumaz»
Varela señala que el «momento culminante» de la prevaricación tuvo lugar en octubre de 2008, cuando, en contra del criterio del fiscal, Garzón persistió en su «contumaz» pretensión de que se siguiera la causa penal en la Audiencia Nacional en un marco de crímenes contra la humanidad, para lo que el juez se creía competente. Sin embargo, Varela responde que esta consideración no le autorizaba «a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía», en referencia a los altos cargos del régimen franquista. Por este motivo, añade, la petición de sobreseimiento no puede ser atendida.
Además, el magistrado del Supremo desmonta uno a uno los argumentos de la defensa de Garzón, formulada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. Advierte de la gravedad de la prevaricación judicial respecto a un funcionario y critica determinados adjetivos usados por el letrado en su escrito de alegaciones, caso de «esperpéntica», ya que un juez no puede pasar como un simple funcionario», alega.
Por último, señala Varela que en la «desmesura del discurso», Garzón justifica la 'antijuricidad' de su comportamiento y menciona que en la motivación de las resoluciones prevaricadoras suelen predominar los «argumentos encubridores». «La conciencia del juez no puede erigirse en tribunal de la conciencia de la ley», concluye, filosófico.
La defensa de Garzón tiene cinco días para presentar ante la Sala de lo Penal un recurso de apelación contra el auto. La Sala encargada de revisarlo está formada por los mismos magistrados que admitieron la querella de Manos Limpias en mayo pasado. Se trata de Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. En sus manos queda el futuro de Baltasar Garzón, y todo apunta a que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.