San Fernando
Unas obras en la casa de la concejala de Urbanismo en San Fernando, en el centro de las sospechas
El Gobierno isleño y el PP de la localidad llevan meses de tiras y aflojas discutiendo si Claudia Márquez ha hecho una ampliación de su vivienda, protegida por estar en casco histórico, con o sin permisos
Meses se lleva hablando en San Fernando sobre las obras que ha hecho en su casa una concejala de la localidad . Una denuncia del Partido Popular municipal destapando una supuesta irregularidad en estos trabajos por infringir presuntamente las limitaciones del plan urbanístico la han puesto en el ojo del huracán. Se trata de Claudia Márquez , delegada precisamente de Urbanismo, la responsable de ese mismo área, lo que la podría comprometer aún más debido a sus funciones, si este asunto esconde realmente algo ilegal.
De momento, la denuncia ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno que dirige la alcaldesa socialista Patricia Cavada y por otro lado, el grupo municipal popular, que insiste que sí ha existido dicha irregularidad. Es más, a esta denuncia la propia edil ha contestado con el anuncio del inicio de un procedimiento contencioso para aclarar en los propios juzgados la situación y defender así su actuación, al considerar que se debe todo a un error administrativo. Pero tal ha sido el embrollo que el PP ha tenido que volver a salir al paso afirmando que su denuncia era real y que los hechos que exponen sí que han existido y existen.
El asunto se remonta a principios de año. Entonces el PP solicitó a la alcaldesa que ordenara de manera urgente una inspección urbanística en la finca propiedad de la delegada Claudia Márquez. Según aseguraron lo pedían tras haber recibido varias denuncias de vecinos de la edil que alertaban de que Márquez estaba haciendo obras no permitidas por la norma urbanística en su casa, ubicada en una zona catalogada en el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRICH), por lo que tiene un nivel de protección muy elevado. «La ley es igual para todos», afirmó José Loaiza presidente de los populares isleños.
Como insisten en la denuncia, la finca está en la calle Maestro Portela, en el centro de la localidad, por lo que tiene una serie de limitaciones que protegen su estructura interna y externa con el objetivo de preservar su interés arquitectónico. En concreto, se halla catalogada en el PEPRICH con nivel 3, grado 1, lo que obliga a su «conservación, restauración y rehabilitación», prohibiendo taxativamente la «ampliación vertical y horizontal» del inmueble.
Sin embargo, según aseguran, la edil hizo obras de ampliación del inmueble, creando una estancia en lo que era un patio y elevando el muro medianero y techándolo. Además, como también afirman, durante los trabajos se tapiaron los vanos para que no se pudieran ver las obras desde fuera y tampoco se puso cartel sobre la licencia de obras en el exterior, tal y como es preceptivo.
Repetidas solicitudes
Ante la ausencia de explicaciones, en febrero el PP volvió a pedírselas a la alcaldesa presentando un escrito, y solicitó además el cese de la edil si no se demostraba que no había actuado de manera irregular. Según explicaron entonces lo que se les entregó fue el expediente de obra sin planos por lo que tuvieron que pedir la documentación completa y, posteriormente, ampliaron la denuncia. Mientras, la edil se mantenía en silencio, remitiéndose solo a decir que las obras se ajustaban a la legalidad. «Si todo es legal, porque Urbanismo no contesta, porque no nos dice que es incierto lo que estamos denunciando».
Ya esta pasada semana y ante la insistencia del PP, el Ayuntamiento lanzaba un comunicado dando detalles sobre la conclusión inicial de la revisión de la obra y en ella exponía que hay una mínima parte de la vivienda (un techo de castillete de la escalera, de longitud aproximada de 3,50 metros) «que podría haber requerido un procedimiento diferente al que se llevó a cabo en la petición de licencia concedida, y esta parte de la obra debería llevarse de nuevo a la comisión municipal de Patrimonio».
Ante esta situación, la concejala que, según su versión, «presentó para estas obras un proyecto técnico realizado por profesionales y visado por el Colegio de Arquitectos de Cádiz», ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo para que sea un juez el que decida cual de ambos posicionamientos técnicos es el adecuado, el inicialmente aprobado o el actualmente revisado.
Así las cosas, meses después la situación sigue sin resolverse . Es más, se ha enmarañado todavía más porque en su trama ha entrado ahora el papel que han jugado los técnicos municipales, incluso si ha habido connivencia o si, sencillamente, todo se trata de un asunto administrativo.
