TRASLADO DE LA SEDE JUDICIAL
Tiran a la basura cientos de documentos del Juzgado de San Fernando
Algunos se encontraban en el suelo ya que los contenedores estaban rebosando
Parte de los documentos tirados como una ficha policial con huellas.
En las inmediaciones del Juzgado de San Fernando y en todos los corrillos de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz no se hablaba este viernes de otra cosa. Y por más que los vecinos, funcionarios y trabajadores le dieron vueltas al asunto, nadie comprende cómo se ha podido cometer un error tan «grave» como el de exponer nombres, apellidos y direcciones de víctimas, de acusados, actas de comparecencia, órdenes de pago, citaciones, resoluciones judiciales, etc, a la mano de cualquiera.
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Cientos de documentos de los juzgados de San Fernando, que se encuentra actualmente de mudanza por el traslado de su sede, se tiraron este jueves sobre las ocho de la tarde a la basura tal y como adelantó ayer el diario Andalucía Información. Así, sin más. Papeles y fotografías de contenido especialmente sensible y personal quedaron esparcidos junto a los contenedores soterrados de Tomás del Valle, los más cercanos, para sorpresa de los vecinos que pasaban a esa hora por allí o que, como cada noche, fueron a tirar la basura. Hasta que se dio la alarma a la Policía Local de la localidad que retiró los documentos (los que pudieron recuperar) y por la mañana, los devolvió al Juzgado.
El inusitado hecho ocurría en medio del traslado de estas dependencias a su nueva ubicación en la avenida de la Marina, junto a la plaza del Carmen. A partir del lunes todo el trabajo se realizará ya desde el nuevo emplazamiento que cuenta con más espacio y distintas prestaciones de las que carecía el edificio actual, y en el que desde hace años se veían obligados a trabajar los profesionales de la Justicia en una situación muy precaria. Pero esta grave negligencia sobre la Ley de Protección de Datos ha ensombrecido esta buena noticia para San Fernando.
Huellas, fotos, transcripciones
Entre el material desechado, hay de todo: citaciones judiciales, fichas de detención policial, pruebas como las conversaciones de procesados en intervenciones telefónicas, fotografías de contenido muy sensible, citaciones sin abrir, o incluso, fotografías de un presunto delito de malos tratos a una menor. Se da la circunstancia que cualquiera de las personas que hayan visto vulnerada su intimidad podría denunciar.
En los juzgados de San Fernando desde primera hora se vivió la preocupación por lo que había ocurrido. Así la juez decana, al conocer los hechos, convocó de urgencia una reunión para tratar el tema con la prontitud que exigía. De esta manera, se decidió abrir una investigación para averiguar cómo ocurrió y quién ha sido el responsable.
Durante la mudanza
De momento, la hipótesis que se maneja es que los documentos se encontraban en una sala almacenados y que, durante el trasiego de la mudanza, o quizá aprovechando esta circunstancia, alguien consideró que podían tirarse sin más, sin tener en cuenta el protocolo habitual de expurgo que se tiene que seguir en estos casos y que pasa por destruir completamente todos los papeles que se vayan a desechar o, en otros casos, enviarlos a las empresas que se encargan de su archivo protegido. Por tanto, se cree que ocurrió a última hora de la tarde cuando en los juzgados no se encontraba ninguno de los tres letrados de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) que hay en esta sede y que son los encargados de la guardia y custodia de expedientes.
La principal hipótesis que se baraja es que alguien decidió deshacerse de los papeles, aprovechando la mudanzaA este respecto el secretario coordinador de la provincia, Pedro Campoy, aclaró a preguntas de este periódico, que «ninguno de los tres letrados de la administración de Justicia del juzgado de San Fernando dieron instrucciones para que se tiraran esos documentos», y que, por tanto, tampoco se les preguntó qué hacer con ellos. Campoy se mostró preocupado por la situación y aseguró que estos funcionarios fueron «los primeros sorprendidos» al encontrarse en tal circunstancia y que espera que la investigación dé con el responsable o responsables de esta negligencia.
Como aseguran las fuentes consultadas, una de las primeras cuestiones que habrá que resolver es conocer el recorrido judicial que han tenido esos expedientes, ya que al quebranto de la custodia en la protección de datos se podría también añadir otro problema mayor si los documentos correspondieran a una instrucción actual y dicho trasiego haya ocasionado la pérdida de alguna prueba o diligencia importante. Aunque algunas fuentes apuntan a que se tratarían de copias.
Para que se produzca la eliminación de expedientes judiciales antiguos debe decidirlo la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, su transferencia a la Administración competente en materia de patrimonio histórico. Un procedimiento que, lo que sí está claro en este caso, no se siguió.
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