La Justicia vuelve a cruzarse por el raíl del tranvía

La Justicia vuelve a cruzarse por el raíl del tranvía, tras las sentencias de anulación del proyecto que llegaron a paralizar la actuación. Un duro golpe del que la Administración regional pudo sobreponerse para llegar a un acuerdo y poder continuar con las obras para que el nuevo medio de transporte pasara por la ciudad. Sin embargo, esas sentencias se han convertido en la base de la argumentación de la plataforma Sentencia Tranvía, que ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado con ellas consiguiendo que se abran diligencias informativas sobre las denuncias presentadas por el colectivo.

Y es que esta entidad "cívico-ciudadana", tal y como se define, afirma que la anulación del proyecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (TSJA) proviene de una sentencia firme y que por lo tanto todos los trabajos posteriores son "ilegales" . Además de sustentar sus reclamaciones en la falta del informe ambiental obligatorio para realizar una actuación de tal magnitud.

De esta manera en el escrito de Fiscalía se recoge que a fin de poder conocer "con exactitud la situación que se plantea, en el marco de las funciones legalmente atribuidas al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, se interesa que por esa Dirección General se informe acerca de si han sido evaluadas ambientalmente las obras y en tal caso se remita copia de la resolución administrativa al respecto. Igualmente, se interesa que se informe si las sentencias reflejadas".

Una solicitud que ya ha sido contestada por la Consejería de Fomento y Vivienda, con la documentación solicitada. En primer lugar con la entrega del informe ambiental favorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente durante el trámite administrativo de información pública y ambiental del estudio informativo del Tren tranvía, en marzo de 2005.

Además se le ha enviado, junto a las sentencias que recogen la anulación del proyecto (que llegaron en el año 2010 y 2011), el auto de inejecución de dichos documentos, puesto que resultaba imposible restituir la calle a su estado anterior, despejando jurídicamente el camino de la obra, ya que lo único a lo que se podía proceder era a la indemnización de los expropiados , que conforme a la resolución del auto del TSJA fue del 25% del justiprecio. Una vez abonadas estas indemnizaciones, la secretaría de la Sección Cuarta de la Sala del TSJA con sede en Sevilla, mediante diligencia de ordenación del 13 de marzo de 2013, archivó la causa.

Mientras tanto la Consejería de Fomento y Vivienda subsanó el trámite administrativo de la aprobación de Estudio Informativo y Proyecto Constructivo del Tranvía, un paso que se había obviado y que fue la base de la anulación del proyecto tras las denuncias de los expropiados.

A pesar de todo ello, desde la plataforma Sentencia Tranvía se considera que la obra es "ilegal" y por ello continúa abriendo procedimientos y solicitando reuniones, encuentros y peticiones de estudio del caso. Y es que aseguran que han obtenido respuestas que inquietan como que la calle Real no ha sido cedida para estas obras y continúa perteneciendo su titularidad al Estado o que temen que en San Fernando se reproduzca un nuevo caso como el de Parla, dando el dato de que además se trata junto a Jaén de una de las localidades con mayor deuda per cápita de España, "curiosamente donde existe un tranvía".