SAN FERNANDO
Javier Loscertales: «La Junta apuesta por la formación en la Bahía, hemos movilizado 7 millones en 2020»
El secretario general de Ordenación de la Formación sale al paso de las declaraciones realizadas por el Ayuntamiento de San Fernando tras la liquidación del CTI
La Consejería de Empleo invita al Consistorio a presentar un proyecto para la creación de un centro de formación en materia naval de cara a una futura convocatoria pública
El anuncio de la liquidación del Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando ha derivado en un enfrentamiento político que ha cuestionado la firme decisión de la Junta de Andalucía en proseguir con este cese (previamente acordada su disolución por unanimidad en 2017).
El motivo tiene relación directa con la causa, recientemente reactivada y que lleva el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, destinada exclusivamente al CTI isleño por las presuntas malversaciones de fondos y utilizaciones fraudulentas de los mismos para otras series de actividades no justificadas.
No volverá a existir un CTI en San Fernando según el nuevo modelo que defiende el actual Gobierno autonómico y que plantea un sistema «más claro y seguro para evitar los fraudes pasados» , asegura Francisco Javier Loscertales Fernández , secretario general de Ordenación de la Formación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo quien explica la situación del CTI y el futuro de las inversiones en materia de formación en la provincia de Cádiz.
– El CTI de San Fernando se constituyó en 1996, pero llevaba sin oferta formativa desde 2012, ¿qué sucedió durante ese lapso?
– Desde 1996 a 2004, el CTI tuvo su mayor actividad. El centro se constituyó como Consorcio con un 90% de participación para la Junta de Andalucía en un 90% y un 10% para el Ayuntamiento de San Fernando. El proyecto nace para crear formación muy específica en la Bahía en los años álgidos de la construcción naval en Cádiz.
2012 fue el último año en el que se programó formación por una cuestión clara: la última convocatoria de subvenciones en las que la Junta aportó fondos a este centro fue en ese año.
En el curso 12/13 saltó el escándalo por los cursos de formación en toda la región. Esto afectó a muchos consorcios y entidades. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió al centro de San Fernando durante 2013.
A partir de ese año cesa cualquier actividad formativa por parte de la Junta de Andalucía en los consorcios (por aquel entonces del PSOE). Igualmente, en enero de 2014, el Consejo de Gobierno decide salir de todos los consorcios en los cuales tenían participación.
En marzo de 2014, el Ayuntamiento de San Fernando también se desvinculó de este CTI. Con lo cual nos encontramos que tanto Junta como Consistorio ya habían abandonado el consorcio, por lo que éste deja de tener capacidad.
Finalmente, en noviembre de 2017, se celebra una comisión extraordinaria del consejo rector del consorcio (del que ya los entes participantes no formaban parte) y se acuerda por unanimidad la disolución del mismo.
– La disolución se aprueba, por unanimidad, el 15 de noviembre de 2017. ¿Por qué se tardó tanto en anunciar la aprobación del balance final de liquidación?
– En el 2017 se acordó su disolución y se nombró a la figura de la Secretaría General de Empleo de la Delegación Territorial de Cádiz como órgano liquidador. Desde ese momento se abordan las funciones propias de la liquidación, las cuales nos han costado Dios y ayuda.
Desde 2019 (fecha en la que se constituye el actual Gobierno de la Junta) hasta ahora, se ha trabajado en la recopilación de documentación porque, tras las investigaciones de la UCO, desapareció absolutamente toda la documentación (imprescindible para completar el proceso de liquidación).
Hemos dedicado muchos esfuerzos para recuperar esta documentación, encontrar a los acreedores, así como los fondos necesarios para abordar la liquidación y abonar más de 3,2 millones de euros en gastos.
Este importe corresponde a deudas con la Hacienda Pública, gastos de alquiler que se le debía al propietario de la nave donde estaba ubicado el CTI San Fernando, así como otros proveedores a los que también se les debía dinero.
Conviene recordar que la gestión del Consorcio estaba otorgada a la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), con lo que ello conllevó. Hubo un determinado momento en el que la Faffe también deja de ejercer su actividad y nos encontramos con un CTI cerrado por inactivo, en disolución y que no pudo justificar los fondos que la propia Junta aportó durante los últimos años (tras comenzar las investigaciones la UCO).
– Precisamente, la Consejería de Empleo asegura que durante estos años el CTI solo ha acumulado deudas, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando y qué queda por pagar?
– Los problemas comienzan en 2009. Estamos hablando de un procedimiento en el que la Junta ponía la subvención, el órgano ejecutaba y estaba gestionado por la Faffe, la cual tenía una obligación de justificación con la Junta.
Este sistema funcionó correctamente entre 2003 y 2009. Pero, en 2011 (fecha en la que la Junta aportó fondos por última vez, al integrarse la Faffe en el SAE y producirse la entrada de la UCO en los diferentes consorcios todo quedo paralizado. Ya no se produjo justificación ninguna y esto derivó en el cese de actividad de todos los consorcios.
Se tenían que abonar 3,2 millones de euros de los cuales 2,9 han sido pagados por la Junta de Andalucía y el montante restante debía ser pagado por el Ayuntamiento de San Fernando. La mayor parte se ha pagado. De hecho, hemos llegado al último día del proceso de liquidación con que el Consistorio debe abonar 15.000 euros y nosotros unos 160.000 que se pagarán al último acreedor que nos queda que es la Agencia Tributaria. El resto de los proveedores ya han recibido el pago de la deuda. El principal acreedor fue el propietario de la nave donde se asentaba el CTI.
– La decisión estaba tomada desde hace muchos años, ¿le sorprenden las declaraciones de diversos partidos de San Fernando, especialmente desde el Gobierno?
– Nos está chocando mucho que ahora, por una cuestión de ventajismo político, el Ayuntamiento de San Fernando diga que la Junta ha cerrado el CTI. El Consorcio era un ente que no tenía bienes propios (no existía un edificio propiedad del CTI San Fernando) y, por lo tanto, no entendemos que el Consistorio considere que la Junta ha abandonado el proyecto.
Son 5,7 millones de euros la cantidad de dinero que la Junta de Andalucía aportó en subvenciones durante el periodo 2007/11. Lo que más me preocupa es que el Ayuntamiento discuta que no se han hecho las aportaciones por parte del Gobierno autonómico, mientras que el Consistorio (desde 2007 a 2011) no hizo ni una sola aportación de lo que le correspondía (717.000 euros).
En este sentido, el Consistorio ha estado presionando para que nosotros abramos un nuevo centro tecnológico. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos un procedimiento de contratación para la compra y adquisición de una nave industrial destinada al CTI San Fernando que, previamente, habían apalabrado la anterior delegada en la provincia de Cádiz y la alcaldesa, Patricia Cavada.
Esta nave, curiosamente, contaba con las mismas características que la nave que veníamos ocupando en el CTI San Fernando. El informe de gabinete jurídico presentaba sus inconveniencias, aparecieron ciertas cuestiones en el propio pliego de licitación que nos hicieron entender que la nave que se estaba buscando se parecía mucho a la nave que nosotros utilizábamos y por la que habíamos pagado más de 900.000 euros en concepto de alquiler. Coincide que la propietaria de la nave se quedó, siendo autorizada para ello por las autoridades correspondientes, con maquinaria del antiguo Consorcio.
Este Gobierno, cuando analizó esta licitación, determinó pararla por dos razones; primero, no la veíamos clara, además de que faltaban algunos cuestionamientos técnico-jurídicos en el pliego que hacía que tuviéramos que reestudiarlo; asimismo, el modelo de crear un centro público de formación en un Ayuntamiento para una determinada cuestión no es el sistema que el nuevo Gobierno plantea y por el cual dejamos atrás el anterior sistema de subvenciones y entendíamos que debíamos plantear la formación profesional como un servicio público.
– Desde la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo se ha reactivado la FP para el Empleo, ¿resulta más sostenible y efectivo que un CTI?
– Hemos puesto en marcha un nuevo modelo basado en licitación pública que evite las distorsiones pasadas iniciadas por la Faffe, que aportó muchos millones que luego no se justificaron.
La Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo ha reactivado la FP para el Empleo, lo que está suponiendo en la provincia de Cádiz (en concreto en la Bahía de Algeciras) una inversión de 4,2 millones para formación específica de FPE adaptada a las necesidades de la provincia, 1,3 millones para cursos en el sector de la construcción, 1,2 millones para cursos en el sector de la Hostelería y Turismo o 3,4 millones para cursos con compromisos de contratación.
También se ha puesto en marcha un importante paquete de acciones formativas en las provincias de Cádiz y Sevilla, dirigidas a los trabajadores del sector aeroespacial, con una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros. Es absurdo que se diga que la Junta no apuesta por la formación en la Bahía cuando hemos movilizado 7 millones en 2020.
Estamos en negociaciones con el clúster marítimo-naval, que lidera Navantia, para llevar formación específica a la provincia. Todo mediante un sistema basado en una licitación pública en el que concurrirá una empresa (o varias) y esa empresa se amoldará a las condiciones que nosotros ofrecemos bajo un parámetro de garantías jurídicas, de seguridad, de control y en el que asume el riesgo es la empresa licitadora.
Además, la Junta de Andalucía, que cuenta con recursos suficientes, va a sacar próximamente una convocatoria para formar a desempleados y destinada a los Ayuntamientos.
– Por tanto, ¿tiende usted la mano al Ayuntamiento de San Fernando para que se presente a esta convocatoria?
– El Ayuntamiento de San Fernando se ha ahorrado 717.000 euros (que los lleva provisionando en su presupuesto durante muchos años). Yo animo a la alcaldesa de San Fernando a que utilice ese dinero para montar un centro de formación en la ciudad.
Esta convocatoria va a ir muy bien dotada de fondos por lo que, si presenta un proyecto y pone en marcha este centro, la Junta le financiará toda la formación que quiera en los próximos 3 años a ejecutar por el Ayuntamiento.
Si son capaces de acreditar un centro en soldadura y materia naval utilizando esos recursos ahorrados para hacerlo, garantizo que con las ayudas que la Junta va a poner en marcha va a poder salir adelante.
Ellos pueden obtener la financiación si de verdad quieren hacerlo. Hay muchos Ayuntamientos a lo largo de todo el territorio andaluz que tienen centros de formación propios.
