DESFALCO
Interventor y tesorera mantendrán de momento sus cargos en el Ayuntamiento isleño
El Consistorio tampoco tiene decidida aún su petición de acusación y si derivará el proceso de nuevo a Diputación
El desfalco de 7,8 millones de la caja municipal de nuevo irrumpe con fuerza y lo hace poniendo al Ayuntamiento en el punto de mira. Y es que el Gobierno municipal debe tomar varias decisiones con respecto al procedimiento judicial; entre las que se encuentra la petición de acusación o por ejemplo el mantenimiento del interventor, José Antonio López , y la tesorera, María de las Virtudes Gómez , en sus cargos.
Y la situación es compleja porque hay que señalar que el Tribunal de Cuentas ya les impuso una sanción administrativa , al considerarles responsables subsidiarios de lo ocurrido (teniendo que hacer frente al pago de unos 70.000 euros en el primer caso y 30.000 euros en el segundo), y ahora el jueza responsable del Juzgado número 2 de San Fernando les acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos por la omisión de sus funciones, los que precisamente siguen siendo los responsables de velar por los intereses económicos del Ayuntamiento.
Ante estas cuestiones lo primero que hay que señalar que ambos por el momento continuarán en sus cargos. Así lo ha confirmado el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez , que ha hecho mención precisamente a que la causa, aunque ha cerrado su instrucción, sigue abierta pues aún queda determinar si habrá juicio oral y si existe sentencia en contra de estos funcionarios.
De todas maneras también ha señalado que se tratan de unos profesionales que dependen del Estado, por lo que el Consistorio tan solo puede solicitar la apertura de un expediente siendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que finalmente decida sobre el futuro de ambos funcionarios. Una tramitación que por el momento desde el Consistorio no se va a acometer, porque esperará a la resolución judicial.
En otro sentido se encuentra el escrito de acusación que debe formular el Ayuntamiento como parte afectada, de manera que debe decidir si considera (como hace la jueza) al interventor y la tesorera como presuntos responsables de lo ocurrido con un delito de malversación de fondos. Incluyéndolos en el proceso junto al resto de investigados con Clemente Ruiz, el que fuera jefe de caja y quien se apunta como el que supuestamente sacó tal cantidad cada día en cinco años, a la cabeza.
Al respecto Conrado Rodríguez deja claro que por el momento no han podido considerar nada ya que todo lo que tienen es por lo medios sin que el Consistorio "tenga el auto del cierre de instrucción". Una vez se les remita tendrán un plazo de diez días y en ellos deberán valorar esta cuestión.
También si finalmente son los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que lleven este proceso o se derive a los de Diputación como ya se hiciera en el cauda administrativa con el Tribunal de Cuentas. Entonces se alegaba incompatibilidad por haberse asesorado tanto a interventor como tesorera desde el comienzo del proceso, porque fueron ellos los que precisamente interpusieron la demanda en sede policial.
Unas cuestiones que debe resolver ahora la alcaldesa, Patricia Cavada , y así lo ha señalado también el presidente local del Partido Popular y anterior regidor, José Loaiza , al exponer que él también tuvo que tomar una serie de deliberaciones al respecto. Loaiza, que destacó su respeto a la instrucción judicial, resaltó la profesionalidad que demostraron ambos funcionarios durante el periodo en el que fue alcalde, motivo por el que los mantuvo en sus puestos, si bien también aceptó el criterio de la asesoría legal de Diputación de encausarlos dentro del proceso del Tribunal de Cuentas, que finalmente consideró que ambos, por la omisión de sus funciones, eran responsables subsidiarios.
«Como repito es una cuestión que ahora debe resolver la alcaldesa y tendrá nuestra máximo respeto siempre que se haga de acuerdo a la legalidad. Aunque estaremos vigilantes", dijo Loaiza, que también hizo una reflexión sobre la "locura" a la que han llegado los procedimientos "pues existe la presunción de inocencia hasta que los jueces dicten sentencia y no se puede condenar por banquillo o instrucción».
Lo que sí queda claro, algo que también resaltó Loaiza, es que tampoco puede ser un caso tan importante acumule una instrucción de nueve años y siga pendiente de juicio.
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